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La Comisión de Derechos Colectivos, con ocho votos afirmativos, considera viable la solicitud del Ejecutivo de explotar los campos 31 y 43 y recomienda la suspensión de cualquier actividad en el momento en que se realice un avistamiento o encuentro accidental con los pueblos no contactados, con el fin de garantizar su protección y respetar el derecho de autodeterminación.
En el informe se determina que la declaratoria de Interés Nacional de los denominados Bloques 31 y 43 solicitada por el Mandatario, al amparo de lo previsto en el artículo 407 de la Constitución, no contrapone la consecución del Buen Vivir con los derechos ambientales y de la naturaleza, ni de los pueblos denominados en aislamiento voluntario
En el informe se señala que la consecución de los recursos financieros para el fortalecimiento del desarrollo del país, requieren la garantía del equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y la conservación de los pueblos en aislamiento voluntario, así como la riqueza de la biodiversidad existente en los territorios, por ello, se considera una obligación de parte del Estado el establecimiento de medidas de preservación de la inmensa riqueza.
Bajo estos argumentos, determina que se requiere de la elaboración de protocolos de protección y de medidas en caso de contacto accidental, como un mecanismo de prevención. El objetivo es la preservación de los territorios y el derecho de autodeterminación de los pueblos. El organismo legislativo sugiere la conformación de una comisión técnica de alto nivel, cuya función sea la de supervisar el cumplimiento de los protocolos para una explotación limpia con tecnología amigable al medio ambiente. Así mismo, prevé que el Estado deberá garantizar un cordón de protección de salud de los pueblos que están cerca del área del Yasuní para precautelar las condiciones de salud de los pueblos en aislamiento voluntario.
