Con la presencia de 150 personas de distintas organizaciones de campesinos, comuneros, ganaderos y asociaciones, la Comisión de Soberanía Alimentaria, a través de los asambleístas Mauricio Proaño, vicepresidente, Ricardo Zambrano, Liuba Cuesta, Esther Ortiz, Abraham Salazar, en reemplazo de César Umajinga, explicaron el contenido de los tres temas sustantivos del proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, que son sometidos a consulta prelegislativa.
La legisladora Liuba Cuesta, al referirse al reconocimiento y legalización de la posesión ancestral, indicó que el proyecto es de orden público y de jurisdicción nacional. Sus disposiciones regulan las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en materia de tierras rurales; y de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades en cuanto al reconocimiento y legalización de territorios que se encuentran en posesión ancestral. Sobre este particular hubo el 93.3% de consensos
En cambio la legislara Esther Ortiz al referirse al tema sustantivo 2 que se refiere al reconocimiento del uso y usufructo de tierras en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sobre todo en lo que tiene que ver con la delimitación y adjudicación de tierras, señaló que el Estado, en coordinación con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tomará las medidas necesarias para determinar y delimitar sus territorios y en caso de no haber acuerdo se resolverá por la vía judicial de conformidad con la ley.
La Autoridad Agraria Nacional establecerá los procedimientos para asegurar el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener la posesión de sus territorios y, a pedido de éstos, procederá a su delimitación y adjudicación gratuita de conformidad con la Constitución y la ley. Sobre este particular manifestó que el 80% está de acuerdo con esta propuesta, explicó.
El parlamentario Abraham Salazar dijo que el tercer tema sustantivo tiene que ver con la participación social y resolución de conflictos que consta en el artículo 30 del proyecto, sobre el que el proyecto establece que el Consejo Consultivo se encargará de la observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas en materia de acceso equitativo a la tierra pública y titulación de tierras y territorios ancestrales, el mismo que se integrará con representantes de las funciones del Estado y de la sociedad civil, mediante el proceso de selección y designación previstos en la ley. Sobre este particular dijo que el 80% de encuestados de las organizaciones de primer grado están de acuerdo con el texto.
En lo que tiene que ver con la solución de conflictos relativos a los derechos de posesión, uso, usufructo de territorios y tierras comunitarias serán resueltos de acuerdo con sus prácticas y costumbres, de conformidad con la Constitución y la ley, manifestó que 86.7% está de acuerdo.
A los asistentes les explicó que los conflictos entre comunas relativos al reconocimiento y legalización de tierras y territorios, podrán ser resueltos mediante acuerdo directo entre las partes. En caso de no lograrlo, serán resueltos en la vía judicial de conformidad con la ley. Los desacuerdos respecto de límites en territorios de pueblos y nacionalidades, podrán ser resueltos mediante acuerdo directo entre las partes, con el apoyo y facilitación de la Autoridad Agraria Nacional, requerida por las partes.
Por su parte el asambleísta Ricardo Zambrano, al referirse a propuestas que se han recogido en la primera fase de la consulta prelegislativa se estableció que en la amazonía la extensión del predio de agricultura familiar que no puede ser afectado, sea de 100 hectáreas, formalizar los derechos de uso y usufructo de la familia del comunero en tierra comunitaria, para acceder a crédito para vivienda rural y crédito productivo.
Además, se propuso que se incluya a la agricultura de las familias de comuneros y comunidades, pueblos y nacionalidades; que la titulación individual y colectiva de tierras en áreas protegidas se mantiene en la Autoridad Ambiental en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional; que el Consejo de Participación haga veeduría de la política de tierras de manera global y participe en el seguimiento del Fondo Nacional de Tierra; considerar la reincidencia en el incumplimiento de la función social y ambiental de la tierra.
JLVN/pv
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Visita mi Perfil
