Ejecutar un proceso de socialización con funcionarios judiciales y abogados, fue una de las observaciones que realizó el asambleísta Miguel Ángel Moreta a los titulares del Consejo de la Judicatura (CJ) y Corte Nacional de Justicia (CNJ), que acudieron a la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, a exponer su visión del Código Orgánico General de Procesos que reemplazaría al actual Código de Procedimiento Civil.
Los presidentes del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, Gustavo Jalkh y Gustavo Ramírez, respectivamente acudieron este miércoles a la comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional para dar a conocer los alcances al proyecto que actualmente es analizado.
El legislador Moreta, representante de Santo Domingo de los Tsáchilas en su intervención explicó sus observaciones a este proyecto, con el propósito de que se contribuya a la seguridad jurídica, en la que se tome a consideración las experiencias vividas por jueces, funcionarios judiciales y abogados que diariamente litigan procesos judiciales de ámbito civil.
Para ello propuso que se realice una socialización profunda con los operadores de justicia, con el fin de dar paso a una participación directa que permita presentar propuestas para robustecer el proyecto que reemplazaría al actual Código de Procedimiento Civil.
Además también expuso la necesidad de profundizar la mediación por medio de incentivos para quienes opten resolver litigios con esta herramienta jurídica “este mecanismo sería el más efectivo para descongestionar los archivos repletos y los juicios que se traspapelan que no permiten dar agilidad”, sostuvo.
Otro de los aspectos que mencionó el Asambleísta fue sobre la oralidad, para ello realizó un llamado al presidente de la Judicatura para que se tomen medidas que permitan adoptar restricciones que no sean rígidas, como el actual aislamiento de jueces y amanuenses que según Moreta no da paso a diálogos que ayuden a corregir errores involuntarios que se cometen en el procedimiento puramente escrito.
“No se puede pretender aplicar un proceso de mejoramiento de trámites, y mejorar la justicia, sin aplicar el principio de inmediación en todas sus fases, particularmente pretendiendo que los abogados ejerzan su trabajo a distancia y de que so pretexto de rapidez se ponga en riegos la salvaguarda de derechos insoslayables como la legítima defensa y el debido proceso”.
El Legislador añadió que independientemente de las posturas políticas, se busca participar de un proceso que permita redactar una ley que eficientemente promueva la seguridad jurídica y seguridad ciudadana, para beneficio de todos los ecuatorianos.
ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TŚACHILAS, ELECTO EN EL PERIODO 2013-2017, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y ESTRUCTURA DEL ESTADO MILITANTE CREO-ID..
