Propuso que en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), se incorpore una nueva letra y se renumere la vigente letra K en la siguiente: "Diseñar la política pública de inclusión laboral para personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios; así como migrantes retronados. Esta política de inclusión deberá tomar en consideración los conocimientos, aptitudes y profesión, requeridas para el puesto a proveer."
Argumentó que su pedido es una acción afirmativa que demandan los pueblos y nacionalidades, así como los compatriotas que deciden regresar al país, que ahora si ven como el trabajo del legislativo busca garantizarles en una normativa legal el justo derecho que tienen de acceder al trabajo como cualquier persona sin ningún tipo de distinción.