La Comisión de Participación Ciudadana, al abordar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, discutió una iniciativa destinada a unificar los criterios para la designación de autoridades en diversas instituciones del país, como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura (CJ).
La legisladora Pierina Correa, una de las impulsoras de la propuesta, sugirió que las designaciones se realicen en períodos que no coincidan con elecciones. Aclaró que cambiar a los miembros del CNE y TCE durante un proceso electoral podría poner en riesgo la estabilidad de estas instituciones y minar la confianza en su integridad.
Por lo tanto, propuso que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) defina un plazo específico para estas designaciones, suspendiendo cualquier nombramiento de miembros del CNE y TCE durante el transcurso de un proceso electoral, reanudando solo después de que las nuevas autoridades tomen posesión.
Correa también indicó que el CPCCS debería finalizar los procesos de selección de autoridades en un plazo máximo de 90 días tras la culminación del mandato de los funcionarios salientes. Esto permitiría mejorar la gestión del tiempo y evitar vacíos administrativos.
Por su parte, el legislador Franklin Samaniego, también proponente, coincidió en la necesidad de unificar la normativa para todas las designaciones, con el objetivo de prevenir cambios frecuentes y regulaciones específicas para cada proceso. Según Samaniego, esto fortalecería la seguridad jurídica e imparcialidad en los concursos, evitando la creación de nuevos reglamentos anualmente.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, subrayó la importancia de establecer lineamientos claros para los procesos de selección, ya que esto influye en la idoneidad de las autoridades responsables de funciones clave en la institucionalidad del país.
El proyecto de ley, actualmente en trámite, busca fortalecer la transparencia y coherencia en los procesos de designación, asegurando que las autoridades de control actúen de manera imparcial y en beneficio de la ciudadanía.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
