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Abogado Rommel González, en representación del Ministerio del Deporte, subrayó la importancia de la autonomía de los organismos deportivos, particularmente en el fútbol profesional, regulado por normas internacionales de la FIFA y leyes nacionales. Resaltó su apoyo al proyecto de ley, al considerarlo un avance significativo para proteger los derechos de futbolistas, especialmente en temas como enfermedad y maternidad.
Asimismo, propuso incluir a los clubes de fútbol en las reformas de estatutos, además de las asociaciones provinciales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para garantizar mayor efectividad en la aplicación de la ley. También destacó el papel clave del Ministerio del Deporte, junto al Ministerio de Trabajo y el IESS, en la recopilación de datos sobre clubes y deportistas, lo que permitiría un seguimiento más eficiente. Finalmente, mencionó la necesidad de realizar observaciones menores de forma al texto del proyecto, las cuales se compromete a presentar por escrito.
Economista Daysi Dávila, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó un análisis del proyecto de ley sobre el futbolista profesional, destacando los principales capítulos abordados. En el capítulo uno, señaló que la ley establece que el sueldo de los futbolistas no será inferior al salario básico unificado, con un incremento adicional del 10% y beneficios específicos para jugadoras en periodos de embarazo.
Respecto al capítulo dos, que regula los contratos, recomendó que las disposiciones sean revisadas en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En el capítulo tres, que regula las asociaciones de futbolistas, propuso un análisis más amplio para garantizar la coherencia normativa, también resaltó que el proyecto de ley no genera impacto fiscal, ya que no contempla asignaciones presupuestarias directas o indirectas del Estado hacia los futbolistas. Por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas no emitió observaciones adicionales al texto, salvo sugerencias de revisión técnica en colaboración con otros ministerios.
Luis Enrique Jácome, en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), presentó una exhaustiva intervención sobre el proyecto de Ley Orgánica del Futbolista Profesional, subrayó el compromiso de la FEF con la protección de los derechos laborales de los futbolistas y destacó su importancia en el desarrollo del fútbol ecuatoriano, aseguró que la FEF está dispuesta a contribuir al perfeccionamiento de la normativa, habiendo preparado un documento con observaciones y propuestas de mejora a 31 artículos del proyecto de ley.
Entre las principales observaciones, mencionó:
Revisión de principios y definiciones: Propuso ajustar el texto en artículos clave, como el artículo 2, para garantizar la coherencia con las leyes vigentes y la normativa internacional de organismos como FIFA y CONMEBOL.
Contratos y derechos de los futbolistas: Señaló la necesidad de armonizar disposiciones sobre salarios, transferencias y contratos laborales con las normas internacionales y la realidad de las diferentes categorías del fútbol ecuatoriano, incluyendo las divisiones femeninas.
Solución de controversias: Recomendó reconocer formalmente a la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la FEF como el órgano competente en conflictos laborales, siguiendo los estándares de FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte.
También expresó preocupaciones sobre posibles contradicciones normativas y regresividad en algunos artículos, como los relacionados con derechos de imagen, utilidades y transferencias. Sugirió ajustes en la redacción para evitar interpretaciones perjudiciales tanto para los clubes como para los jugadores, en conclusión valoró positivamente la intención del proyecto de ley, pero planteó numerosos ajustes necesarios para que sea eficaz, equitativo y acorde a las normativas nacionales e internacionales.
El abogado Julián Pastor, experto en Derecho Deportivo, abordó diversos aspectos relevantes en relación con la legislación propuesta para regular el fútbol profesional en Ecuador, destacando principalmente el manejo de los derechos de imagen de los futbolistas, expresó su desacuerdo con la cesión de estos derechos a terceros y enfatizó que deben ser gestionados directamente por los clubes, ya que constituyen una fuente de ingresos esencial para cubrir presupuestos y cumplir obligaciones financieras.
Asimismo, hizo un llamado a equilibrar los derechos y obligaciones de los futbolistas, señaló la necesidad de que la normativa incluya cláusulas claras que regulen el comportamiento de los jugadores tanto dentro como fuera del campo, como la no vinculación con actividades ilícitas, el adecuado uso de redes sociales y el mantenimiento de condiciones físicas óptimas para desempeñar su labor profesional.
Subrayó también la importancia de revisar las disposiciones sobre la rescisión de contratos en casos de enfermedad o lesión prolongada, proponiendo que se consideren ejemplos internacionales, como en Inglaterra o Italia, donde existen plazos razonables para tales situaciones, siempre garantizando una indemnización justa al jugador.
Por otro lado, planteó incluir restricciones para que los jugadores no emitan declaraciones públicas contra los clubes sin autorización, así como la prohibición de participar en actividades peligrosas o relacionadas con apuestas deportivas, destacando que estas prácticas pueden afectar negativamente no solo a los jugadores, sino también a la industria del fútbol en general.
Finalmente, abogó por fomentar un modelo de transición hacia sociedades anónimas deportivas para los clubes, lo que podría aportar estabilidad y crecimiento al sector, también sugirió que las asociaciones y gremios de futbolistas consideren esquemas de contribución basados en porcentajes de los ingresos de los jugadores, como sucede en otros países, para garantizar su sostenibilidad financiera. En términos generales, calificó la normativa propuesta como adecuada, pero sujeta a ajustes necesarios para abordar estos temas con mayor precisión.
