Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
Los proyectos de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria y Estados de Excepción; Ley para el fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés reformatoria a la Ley Orgánica de Salud; y, el proyecto de Ley sobre obligatoriedad de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles, que se tramitan en primer debate dentro de la Comisión del Derecho a la Salud recibieron observaciones de la Procuraduría General del Estado y de la Defensoría del Pueblo.
Karola Ricaurte, directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado, subrayó la importancia de que se tomen en cuenta los estándares internacionales sobre los derechos a la salud que están relacionados con los proyectos en análisis.
Planteó regular medidas específicas sobre el aislamiento sanitario a las personas en situación de vulnerabilidad, que se contemple un artículo sobre el estado de excepción a la emergencia sanitaria, se considere las comisiones de vigilancia, se evite la sobrepoblación y medidas alternativas para las personas la privación de la libertad y se incluya a los centros privados de libertad en el uso de los desfibriladores externos. Además, sugiere considerar criterios de accesos a la información y consentimiento informado.
De la misma institución, Ana María Larrea, directora nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, expuso que los proyectos en discusión no abordan temas que correspondan directamente a la competencia de su Dirección. Sin embargo, destaca que el proyecto de Ley Orgánica de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria y Estados de Excepción, en su artículo 28, contempla la posibilidad de suscribir cláusulas de arbitraje tanto nacional como internacional. Por lo que sugirió que el artículo 28 se aclare que todo arbitraje, tanto nacional como internacional, debe contar con la autorización del Procurador General del Estado.
Rodrigo Varela, coordinador general de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, de la Defensoría del Pueblo, sugirió proteger la dignidad de las personas, especialmente de los grupos de atención prioritaria; los principios de interculturalidad; y, que en la conformación del Consejo Consultivo se tomen en cuenta a los especialistas en temas de derechos a la salud.
