Comisión del Derecho a la Salud y Deporte

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TRES NUEVAS PROPUESTAS SE INCORPORAN AL DEBATE EN LA COMISIÓN DE SALUD

Viernes, 06 de septiembre del 2024 - 16:16 Imprimir

Los proyectos de Ley de Garantías de Derechos en Emergencia Sanitaria y Estados de Excepción; la iniciativa para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés reformatoria a la Ley de Salud; y, la propuesta sobre Obligatoriedad de Disponer de Desfibriladores Externos Automáticos Portátiles ingresaron al debate en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.

Las iniciativas calificadas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que serán unificadas con otras que traten sobre la misma materia fueron presentadas por los exasambleístas Roberto Gilbert, Nathalie Viteri y la legisladora Gabriela Molina, en su orden. Al respecto, el  asesor jurídico, Ignacio Espinoza explicó la memoria técnica y línea de tiempo, lo que se aprobó por unanimidad en la Comisión.

El articulado del proyecto de Ley sobre obligatoriedad de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles plantea que los establecimientos obligados a disponer de desfilbriladores en condiciones aptas para su funcionamiento y listos para su uso inmediato serán, entre otros, los comerciales que cuenten con una carga de ocupación diaria igual o superior a 1000 personas; los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior, con una matrícula igual o superior a 500 alumnos, en alguna de sus jornadas de enseñanza.

La exigencia de contar con desfibrilador en las instalaciones de los centros de salud no suprime ni reemplaza las exigencias de contar con carro de paro u otro equipamiento de naturaleza similar en algunas de las unidades clínicas.

El proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y Control de Conflictos de Interés reformatoria a la Ley Orgánica de Salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud; y, regular los conflictos de intereses entre los miembros del sistema, sean públicos o privados.

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