La asambleísta Rosa Belén Mayorga, representante de la provincia de Tungurahua, presentó dos proyectos de ley. El uno que reforma a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia; y, el segundo que reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La reforma al Código de la Democracia está encaminado a asegurar que las mujeres participen en igualdad de condiciones en todos los niveles políticos y adoptar un enfoque integral que contemple la prevención, sanción y reparación.
Según la legisladora, esta propuesta busca alinear a Ecuador con compromisos internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que promueven la eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres.
Sustentó que, los roles de género han limitado las oportunidades de participación política para las mujeres en Ecuador, perpetuando desigualdades estructurales a pesar de avances normativos. La violencia política basada en género como una barrera significativa que excluye a las mujeres de espacios de poder, afectando su participación en la política.
Mayorga plantea que en casos de violencia por razones políticas de género, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), determinará la reparación integral y deberá contemplar de manera obligatoria medidas de indemnización, garantías de no repetición, satisfacción, restitución y rehabilitación con perspectiva de género.
En casos de violencia política de género, se propone que sea el acusado quien debe demostrar su inocencia, en lugar de que la víctima tenga que probar su denuncia. Sostuvo que esto es importante porque muchas veces las víctimas enfrentan dificultades para presentar pruebas debido a desequilibrios de poder.
Las víctimas de violencia política de género tienen derecho a recibir compensaciones económicas y otros tipos de apoyo para ayudarles a recuperarse. Esto incluye medidas como la restitución y garantías de no repetición, señaló.
Reforma al COIP
En tanto, las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) busca abordar y sancionar de manera efectiva la violencia obstétrica y digital, así como otras formas de violencia de género.
Rosa Belén Mayorga argumentó que la violencia obstétrica, reconocida como una violación grave de derechos humanos, afecta a muchas mujeres en Ecuador, con un 48 % reportando experiencias de violencia ginecobstétrica, que aumenta en zonas rurales (55 %) y entre mujeres indígenas (70 %).
Según explicó, esta forma de violencia afecta la dignidad, el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. A pesar de su reconocimiento por instancias internacionales y nacionales, actualmente no está tipificada como un delito en el COIP, lo que deja desprotegidas a las víctimas.
Sobre la violencia digital señaló que la proliferación de tecnologías, como la inteligencia artificial, ha permitido nuevas formas de violencia, incluyendo la difusión no consentida de contenido íntimo y el hostigamiento digital.
La propuesta reconoce el uso por sí misma, por terceros, o mediante el uso de cualquier medio tecnológico, incluyendo herramientas de inteligencia artificial u otros mecanismos digitales avanzados, hostigue, acose, moleste, perturbe, persiga o angustie de manera insistente o reiterada a otra persona, pena mínima de 6 meses de prisión y máxima de 1 año; incluye la difusión no consentida de contenido íntimo o acoso sexual, el incremento de la pena a un rango de 3 a 5 años. Para víctimas menores de edad o personas vulnerables, la pena será de 1 a 3 años.
La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer, vulnere, restrinja u obstaculice el derecho de las mujeres a solicitar o recibir servicios de salud ginecobstétricos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
RSA
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