La legisladora Johanna Ortiz presentó dos iniciativas legales, la primera que reforma el Código de Trabajo para la armonización de procedimientos laborales de carácter administrativo; y, la segunda, una reforma a diversas leyes para la protección de los derechos de los trabajadores en un marco de justicia y equidad.
Procedimientos administrativos
La legisladora Johanna Ortiz, en la exposición de motivos de la primera iniciativa, señaló que uno de los aspectos más críticos que requiere atención es la necesidad de que el Código del Trabajo contemple disposiciones más claras y coherentes en cuanto a los procedimientos administrativos del Ministerio del Trabajo.
Además, la autorización o negativa del visto bueno por parte del inspector de trabajo tiene una importancia crucial en las relaciones laborales; por tanto, la reforma busca establecer que cualquier decisión que afecte este aspecto puede ser objeto de impugnación en sede administrativa, permitiendo que se revisen las razones y fundamentos detrás de la decisión adoptada.
Asimismo, es imperativo que el inspector de trabajo revise los requisitos de fondo para la presentación de los proyectos de contratos colectivos antes de notificarlos a los empleadores. En este sentido, la reforma estipula que los inspectores deben verificar que los contratos cumplan con la normativa correspondiente. Este cambio protegería tanto a los trabajadores como a los empleadores, asegurando que ambos lados operen bajo un marco de legalidad.
Con relación a los tribunales arbitrales, la reforma sugiere la creación de procedimientos claros y eficientes para el manejo de estos conflictos, evitando la dilatación innecesaria de los procesos y permitiendo que se obtenga justicia de manera oportuna.
En todo lo que no estuviere expresamente previsto en el Código Laboral, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y el Código Orgánico Administrativo.
Derechos de los trabajadores
En la segunda iniciativa normativa, la legisladora sostiene que en el Ecuador existe una colisión entre el derecho laboral y el derecho societario, por lo que se requiere una reforma que busque un equilibrio justo entre las exigencias del comercio y la protección de los derechos laborales.
Para ello, esta la propuesta se fundamenta en la necesidad de establecer la responsabilidad ilimitada de los socios, accionistas o propietarios de una empresa en situaciones donde exista un abuso de la personalidad jurídica.
A fin de viabilizar lo indicado, se propone reformar la Ley de Compañías, la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada y el Código del Trabajo.
AM
