La asambleísta Carmen Tiupul, en compañía de Germán Sinaliusa y Carlos León de UCEM y UNACEM presentó el proyecto de Ley Orgánica de Jubilación Especial de la Industria del Cemento, una iniciativa que busca proteger los derechos laborales y garantizar una jubilación justa para los trabajadores de este sector, quienes enfrentan riesgos en su salud debido a las condiciones laborales propias de la producción del material.
La industria del cemento, esencial para el desarrollo económico del país, expone a sus trabajadores a sustancias peligrosas como la sílice cristalina y el polvo de cemento, generando enfermedades profesionales graves. Según estudios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), más del 30 % de los trabajadores de este sector padecen enfermedades respiratorias relacionadas con su labor y el 15 % presenta enfermedades dermatológicas y trastornos músculo esqueléticos.
El articulado propone una jubilación especial para los trabajadores de la industria del cemento, a los 25 años de labor, sin límite de edad, considerando las enfermedades profesionales asociadas a este sector. Además, está diseñado sobre estudios actuariales y técnicos para garantizar la sostenibilidad del régimen de seguridad social. Por lo que el proyecto propone que los trabajadores que forman parte de esta industria puedan acogerse a la jubilación especial si cuentan con al menos 300 imposiciones laborales en el área.
La legisladora afirmó que el proyecto está dentro de los marcos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y cumple con el principio constitucional de unidad de materia. La propuesta responde al vacío legal generado tras la inconstitucionalidad de la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, declarada por la Corte Constitucional en noviembre de 2023.
Concluyó que, la normativa busca garantizar la protección integral de los derechos laborales y sociales de quienes han dedicado su vida al trabajo en esta industria. Por último, la propuesta menciona que es imperativo un entorno laboral más seguro, con la implementación de políticas de prevención y promoción de la salud.
La iniciativa legal contiene diecisiete artículos, tres disposiciones generales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.
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Carmen Tiupul es una mujer kichwa puruwa, originaria de la comunidad Amulá Casaloma del Pueblo Cacha, del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Ingeniera en Administración de Empresas, cuenta además con un Diplomado en Fortalecimiento del Liderazgo otorgado en Chile. Su vida ha estado marcada por una firme vocación de servicio, desempeñándose como dirigente, docente, activista política, lideresa comunitaria, luchadora social y defensora de los derechos de la naturaleza.
Fue la primera mujer en presidir la Federación de los Pueblos Indígenas de la Nación Puruhá Cacha, rompiendo barreras históricas en espacios tradicionalmente dominados por hombres. También fue Vicepresidenta de la Junta Parroquial Cacha entre 2014 y 2018, desde donde impulsó iniciativas de desarrollo comunitario con enfoque intercultural. Ha ejercido liderazgo como coordinadora del colectivo de mujeres “Saritas Cacha”, de la Caja Comunal Amulá Casaloma y como vicepresidenta de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (COMICH), organización provincial que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Asimismo, ha sido parte activa de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
En octubre de 2019, fue injustamente criminalizada y sentenciada por su participación en la defensa de los derechos del pueblo ecuatoriano durante las jornadas de protesta social, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y dignidad del movimiento indígena.
Actualmente, Carmen Tiupul es asambleísta nacional por la provincia de Chimborazo y ocupa la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, desde donde continúa su compromiso con la justicia social, la equidad, la protección de los derechos colectivos y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, así como la defensa activa de los derechos de la Pachamama.
