La legisladora Fabiola Sanmartín presentó una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que está orientada a prevenir el uso indebido de mecanismos como el reclamo y la denuncia, los cuales, de no ser regulados adecuadamente, pueden ser empleados de manera fraudulenta.
La autora de la iniciativa dijo que, al revisar la información del SERCOP, se evidencia que de los 2 237 reclamos planteados por los ciudadanos en 2023, apenas 115 concluyeron en procedimientos administrativos sancionadores.
La propuesta establece que las denuncias que sean realizadas sin fundamento y de mala fe, que tengan por objeto perjudicar el proceso sin tener una razón jurídica justificable y su único objeto sea retardar el proceso o que este sea declarado desierto, serán sancionados con la suspensión del Registro Único de Proveedores (RUP), por 3 años.
Una vez iniciado el proceso de denuncia administrativa, la institución pública tendrá un plazo máximo de un mes para emitir el pronunciamiento final, posterior a esto se ordenará el inmediato el reinicio del proceso de contratación.
RSA
