La legisladora Lucía Posso, representante de la provincia de Imbabura, presentó dos proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y al Código Orgánico de la Función Judicial.
Defensa del Consumidor
La iniciativa plantea reconocer al consumidor digital como aquel que realiza transacciones a través de cualquier medio digital o dispositivo móvil. A su vez, la obligatoriedad de que el proveedor garantice al consumidor información clara sobre el uso de sus datos personales en cualquier relación de consumo.
Así también, norma el derecho al comercio electrónico seguro, garantizando que las plataformas de comercio electrónico cumplan con las normas establecidas para la protección del consumidor y la seguridad de sus datos.
Sobre la responsabilidad de las plataformas digitales que operen como intermediarias en la venta de bienes o servicios, se regula su responsabilidad de asegurar que los proveedores cumplan con la información requerida para garantizar una compra transparente y su compromiso con facilitar canales de atención y solución de reclamos eficientes y accesibles.
Propone también la coordinación institucional para la protección y educación digital del consumidor en el comercio electrónico, entre la Defensoría del Pueblo y la autoridad de protección de datos personales.
Función Judicial
Esta iniciativa propone agregar un artículo innumerado, después del artículo 31 de la norma vigente, para establecer el principio de seguridad integral. De esta forma, las determinaciones de las y los servidores judiciales contarán con las garantías que aseguren la independencia e imparcialidad de sus funciones.
En este sentido, se dispone que la Función Judicial, en coordinación con otras funciones del Estado, elaboren perfiles de riesgo para la gestión oportuna de las medidas de protección, lo que incluirá traslados o cambio de jurisdicciones de los funcionarios, así como mecanismos para la protección de su identidad y de su vida.
La legisladora señaló que estos cambios normativos representan una respuesta integral a la crisis que atraviesa la Función Judicial, enfocándose en garantizar la seguridad, independencia y eficacia del sistema judicial.
CV
