Este día, la Comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso Aidita Pamela Ati Gavilánez aprobó el informe del trabajo realizado respecto a los hechos ocurridos, el 29 de junio de 2024, dentro de una instalación del Fuerte Militar Napo.
El documento concluye que este caso evidencia un fallo estructural y sistémico del Estado ecuatoriano, que violó derechos fundamentales por acción u omisión de varias de sus instituciones.
Del análisis de la información proporcionada por varias instituciones públicas se evidencian omisiones significativas, en el deber de garantía y protección que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, tiene respecto a su personal militar. Según el informe resulta preocupante la ausencia de protocolos efectivos para prevenir situaciones de violencia de género.
Añade que, el Ministerio de Defensa no garantizó la implementación efectiva de políticas de género y supervisión dentro de los recintos militares. Entre tanto, las Fuerzas Armadas fallaron en aplicar los protocolos contra la violencia de género.
El informe precisa que, la Fiscalía del Estado incumplió su deber de investigar con la debida diligencia, archivando el caso sin agotar todas las líneas investigativas, lo que genera un entorno de impunidad.
Otras conclusiones se relacionan con el accionar de instituciones públicas, juicio político al Ministro de Defensa Nacional, rendición de cuentas, reparaciones, reformas normativas, diseño de protocolos, entre otras.
Tras la aprobación, la asambleísta Patricia Núñez recordó que el informe fue elaborado con el aporte del equipo conformado con los representantes de los comisionados. Cuestionó la falta de colaboración de varias entidades, como de la Fiscalía General del Estado.
El documento será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que sea puesto en conocimiento del Pleno.
AM
