En la sesión 932 del Pleno de la Asamblea Nacional, tuvimos la oportunidad de abordar un tema de gran relevancia para el futuro de nuestro país: el primer debate del Proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular de abril de 2024. Esta consulta, sin lugar a dudas, representa un momento crucial para que los ciudadanos puedan decidir sobre asuntos que impactan directamente en su calidad de vida y en la estructura de nuestra democracia.
Uno de los puntos que quiero destacar en este contexto es la importancia de la participación activa y constructiva de todos los Asambleístas durante el debate en el Pleno. Es fundamental que cada uno de nosotros, sin distinción, aporte con ideas y propuestas que fortalezcan el proceso legislativo, haciendo de nuestra Asamblea un verdadero reflejo de las voces y las necesidades de los ecuatorianos. La pluralidad de opiniones y enfoques es lo que permite construir una estructura representativa, que no solo sea democrática, sino también efectiva y acorde con los desafíos de la actualidad.
Durante la sesión, también planteamos una petición de datos precisos sobre el incremento delictivo que ha afectado a diversas regiones del país. Este es un tema que preocupa y afecta a todos los ciudadanos, por lo que consideramos esencial contar con información clara y detallada. En este sentido, solicitamos al Comandante General de la Policía Nacional, al Jefe de Estado Mayor Conjunto y a los Comandantes de las Fuerzas Armadas un informe sobre el comportamiento de la delincuencia desde el gobierno anterior hasta el presente. Esta información será clave para evaluar las políticas de seguridad implementadas hasta ahora y para tomar decisiones fundamentadas sobre las futuras acciones que se deben emprender.
El tema de la seguridad y la violencia es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Como Asambleísta, reitero mi compromiso de continuar legislando y fiscalizando para garantizar que se implementen políticas efectivas en pro de una sociedad libre de violencia. No podemos permitir que la criminalidad siga socavando la paz y tranquilidad de nuestras comunidades. Es urgente que el Estado, en conjunto con la sociedad civil y los distintos actores institucionales, fortalezca los mecanismos de prevención, control y sanción del crimen organizado.
A través de la legislación, tenemos el poder y la responsabilidad de mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país. Pero además de la legislación, la fiscalización también es una herramienta fundamental para asegurar que las medidas adoptadas sean efectivas y que los recursos destinados a la seguridad se utilicen correctamente. La fiscalización constante nos permitirá identificar deficiencias y proponer soluciones innovadoras que puedan dar respuesta a las demandas ciudadanas.
Asambleísta por la provincia del Guayas 2
