La Comisión de Educación recibió aportes ciudadanos con relación a la iniciativa que reforma la codificación vigente de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). César Pila, docente de una unidad educativa rural de Pichincha, mencionó que se han establecido desde el gremio educador, más de 120 puntos ha tomar en cuenta para esta modificación normativa.
“La ley vigente carece de mecanismos para la articulación normativa, que permitan atender integralmente temas relacionados a la salud mental de las y los estudiantes. De la misma forma, existen vacíos normativos sobre la corresponsabilidad de padres y madres de familia y su educativo”, señaló.
Para el docente, la ley debe establecer con claridad que su finalidad es contribuir al desarrollo del proyecto de vida de las y los estudiantes y, de la misma forma, normar los nuevos tipos de violencia existentes en las instituciones educativas para establecer con precisión los regímenes disciplinarios correspondientes y su aplicabilidad.
Coincidió Fernando Gansino, delegado del Observatorio de la Política Pública, quien pidió a la mesa evaluar la posibilidad de devolver la potestad disciplinaria, actualmente en competencia de las Juntas Distritales, a las unidades educativas.
Según Gansino, la ley vigente permite separar estudiantes de unidades educativas por plagio, pero no por tráfico o microtráfico, por lo que se debe realizar un análisis de las actuales faltas disciplinarias y de sus sanciones.
Por otro lado, la educadora Nancy Torres resaltó la iniciativa de reforma que busca establecer la presencia de “monitores de inclusión”, para promover el cumplimiento de las adaptaciones curriculares asociadas a las discapacidades o las poblaciones vulnerables.
Al respecto, solicitó a la mesa considerar que, en las instituciones de educación superior a nivel nacional, existan suficientes estudiantes en carreras relacionadas a la pedagogía y psicopedagogía que, en su función de pasantes, permitan real aplicabilidad a la iniciativa.
En otro punto de la sesión, la comisión avocó conocimiento de una nueva reforma a la LOEI, presentada por la asambleísta Lucía Posso y calificada por el Consejo de Administración Legislativa el pasado 12 de febrero.
El proyecto en cuestión aborda mecanismos de fortalecimiento para la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno educativo en el ciberespacio. Entre ellas, Posso destacó la incorporación de asignaturas sobre seguridad digital al currículum nacional, de la educación inicial al bachillerato.
“Esta iniciativa permitirá a los estudiantes manejar riesgos como el ciberacoso y la desinformación; a las autoridades educativas, actuar bajo protocolos claros de prevención y rutas de denuncia segura; y, a los docentes, identificar y responder de manera eficaz ante estos hechos, así como establecer un rol protector en el entorno escolar”, dijo Posso.
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