Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
El 06 de marzo de 2025, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llevó a cabo la Sesión N.° 100, en la que se abordó la crisis hospitalaria en los centros de salud del IESS Teodoro Maldonado Carbo (Guayaquil) y Carlos Andrade Marín (Quito). Durante esta jornada, se recibieron comisiones generales y comparecencias, para abordar las problemáticas en la gestión hospitalaria, el abastecimiento de medicamentos y la asignación de recursos públicos.
Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión, Patricio Chávez, expresó su preocupación por la ausencia de tres autoridades convocadas, quienes debían rendir cuentas sobre la situación hospitalaria. Destacó que esta falta de respuestas por parte de los responsables solo incrementa la incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos destinados a la salud.
Edwin Gavilanes, presidente de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes, relató el caso de su hijo, quien padece de distrofia muscular y no ha recibido los medicamentos esenciales en el Hospital Carlos Andrade Marín, lo que ha deteriorado su calidad de vida. Explicó que la falta de insumos médicos ha obligado a muchas familias a buscar tratamientos en el sector privado, generando un gasto adicional que no todos pueden costear. Denunció que los pacientes y sus familias están sufriendo las consecuencias de la mala administración del sistema de salud y exigió que se garantice el acceso a los tratamientos necesarios.
Franklin Samaniego intervino señalando los problemas estructurales en el sistema de salud, asegurando que la crisis hospitalaria no solo responde a la falta de recursos, sino también a una gestión ineficiente. Criticó la falta de transparencia en la entrega de medicamentos y pidió que se determinen responsabilidades por las irregularidades en los hospitales públicos. Hizo un llamado a que la fiscalización se traduzca en soluciones concretas y no quede en discursos sin acciones.
El Ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, explicó que el gobierno ha realizado pagos por $3.422 millones al Seguro Social, pero aclaró que el Ministerio de Finanzas no tiene contacto directo con los hospitales. Aseguró que estos fondos han sido entregados al IESS para su administración y distribución, pero no especificó con detalle cómo se han utilizado en los centros de salud, lo que generó nuevas inquietudes entre los legisladores.
El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó que la Contraloría ha realizado auditorías a los hospitales Carlos Andrade Marín y Teodoro Maldonado Carbo en relación con los procesos de contratación de medicamentos, insumos y servicios entre 2019 y 2023. Explicó que los exámenes incluyen la revisión de procesos de compra, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y corregir deficiencias en la gestión hospitalaria.
Rodrigo Varela, coordinador general de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, destacó que la institución ha ejecutado acciones para garantizar el acceso a bienes y servicios de calidad en el ámbito de la salud pública. Entre estas acciones, mencionó las visitas in situ a hospitales del país, donde se han documentado denuncias ciudadanas sobre la falta de insumos y medicamentos.
Ante la gravedad de la situación, la Comisión tomó varias decisiones clave. Con 8 votos a favor, se aprobó una prórroga para la presentación del informe de fiscalización, con el objetivo de profundizar el análisis de la crisis hospitalaria. Además, se ratificó que las autoridades ausentes serán nuevamente convocadas, ya que su participación es clave para esclarecer el uso de los recursos públicos en el sector salud. Finalmente, se resolvió dar seguimiento a los informes de la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades y garantizar que las irregularidades sean corregidas.
