El 6 de marzo de 2025, llevamos a cabo la Sesión N.° 100 en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en la que abordamos la crítica situación hospitalaria que enfrentan los centros de salud del IESS Teodoro Maldonado Carbo (Guayaquil) y Carlos Andrade Marín (Quito). Durante la jornada, recibimos comisiones generales y comparecientes que expusieron las graves falencias en la gestión hospitalaria, el desabastecimiento de medicamentos y la asignación de recursos públicos.
Desde el inicio de la sesión, manifesté mi preocupación por la ausencia de tres autoridades convocadas, quienes debían rendir cuentas sobre la crisis hospitalaria. La falta de respuestas por parte de los responsables solo genera más dudas e incertidumbre sobre el uso de los recursos destinados a la salud pública. No podemos permitir que este tipo de situaciones queden en el aire, y por ello, insistiremos en que comparezcan para esclarecer estos temas de vital importancia.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Edwin Gavilanes, presidente de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes, quien relató el caso de su hijo, afectado por distrofia muscular y sin acceso a los medicamentos esenciales en el Hospital Carlos Andrade Marín. Su testimonio reflejó la desesperación de muchas familias que, ante la falta de insumos médicos, se ven obligadas a buscar tratamientos en el sector privado, asumiendo costos que no pueden pagar. Esto es inaceptable, y es nuestro deber exigir que se garantice el acceso a los tratamientos que necesitan los pacientes.
En su intervención, Franklin Samaniego puso sobre la mesa los problemas estructurales del sistema de salud, señalando que la crisis hospitalaria no solo se debe a la falta de recursos, sino también a una gestión ineficiente y opaca. La entrega de medicamentos ha estado plagada de irregularidades, y la transparencia en el manejo de estos procesos brilla por su ausencia. Su llamado fue claro: la fiscalización debe traducirse en acciones concretas y no en simples discursos que no resuelven nada.
Por su parte, el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, explicó que el gobierno ha desembolsado $3.422 millones al Seguro Social. Sin embargo, aclaró que el Ministerio de Finanzas no tiene contacto directo con los hospitales, lo que generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo se están utilizando estos fondos? ¿Por qué los hospitales siguen enfrentando desabastecimiento si los recursos están asignados? Estas son inquietudes que deben ser respondidas con urgencia.
El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, informó que se han realizado auditorías en los hospitales Carlos Andrade Marín y Teodoro Maldonado Carbo para revisar los procesos de contratación de medicamentos, insumos y servicios entre 2019 y 2023. Su equipo está evaluando cómo se han manejado las compras, el almacenamiento y la distribución de bienes y servicios, con el objetivo de detectar irregularidades y corregir errores administrativos que están afectando a miles de pacientes.
Desde la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, coordinador general de Protección de Derechos Humanos, destacó que han ejecutado acciones para garantizar el acceso a bienes y servicios de calidad en la salud pública. Las visitas in situ a los hospitales han permitido documentar numerosas denuncias de ciudadanos, quienes han evidenciado la escasez de insumos médicos y la falta de atención adecuada.
Ante la gravedad de la situación, en la Comisión tomamos varias decisiones clave. Con 8 votos a favor, aprobamos una prórroga para la presentación del informe de fiscalización, lo que nos permitirá profundizar en el análisis de la crisis hospitalaria. Además, ratificamos que las autoridades que no asistieron a esta sesión serán nuevamente convocadas, pues su participación es fundamental para esclarecer el destino de los recursos públicos en salud. También acordamos dar seguimiento a los informes de la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades y garantizar que se corrijan las irregularidades detectadas.
Seguiremos insistiendo en que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad, porque la salud de los ecuatorianos no puede seguir en el abandono. La ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo, soluciones.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
