Con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que inicie un proceso de fiscalización integral con respecto a la reparación y restauración por la afectación provocada al ecosistema y la naturaleza, a la población y las pérdidas económicas debido al derrame de petróleo del 13 de marzo de 2024, en el sector de El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
La comisión tiene un plazo de 30 días para elaborar el informe no vinculante, para lo cual deberá convocar a la autoridades nacionales, locales, representantes de Petroecuador, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanía en general.
Durante el debate, varios legisladores cuestionaron la gestión gubernamental y la falta de medidas oportunas para mitigar los daños, además destacaron que el derrame de más de 200 000 barriles de petróleo representa una tragedia humana y ambiental con impactos en la salud, la economía y la calidad de vida de los habitantes. También, exigieron al Gobierno el pago de deudas pendientes a los GAD de Esmeraldas para fortalecer su capacidad de respuesta ante estas emergencias.
Otros parlamentarios hicieron hincapié en la necesidad de una fiscalización rigurosa y acciones concretas para mitigar el impacto del derrame, la determinación de responsabilidades y la implementación de medidas de reparación y compensación para las comunidades afectadas.
Comisión General
En el marco de la Comisión General, alcaldes de varios cantones de la provincia y expertos expusieron la gravedad de la situación. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, informó sobre el desabastecimiento de agua potable y las medidas adoptadas para garantizar el acceso al recurso.
Ronal Moreno, alcalde de Quinindé, denunció que en los últimos ocho años han ocurrido tres derrames en el mismo tramo, evidenciando la falta de medidas preventivas. Joffre Quintero, alcalde de Río Verde, solicitó apoyo inmediato de Petroecuador y el Estado para enfrentar la crisis. Varios de los alcaldes reconocieron y resaltaron la gestión y presencia en terriorio de la presidenta del Parlamento, Viviana Veloz.
Mientras que, Williams Mendoza, alcalde de Atacames, alertó sobre el impacto económico del derrame en el cantón, especialmente en vísperas de un feriado y exigió compensaciones. Para concluir, Eduardo Rebolledo, profesor e investigador de la PUCE Esmeraldas, advirtió que esta es una catástrofe ambiental de largo plazo, cuyos efectos aún están por manifestarse.
MEV
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