El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 86 votos, el Informe de cumplimiento de la Resolución RL-2023-2025-106 respecto a la disposición a la Comisión de Educación sobre el Proceso de Fiscalización a la Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes con Autismo, Discapacidad y Necesidades Educativas Específicas, que enfrentan barreras en el sistema educativo.
El vicepresidente de la Comisión de Educación, Mauricio Zambrano, argumentó que han escuchado con profunda tristeza testimonios de padres y madres de niños a quienes se les ha vulnerado el derecho a la educación en varias instituciones educativas del país y todas las limitaciones que han enfrentado ante la insensibilidad de varios actores del sistema educativo y la falta de respuesta por parte del Estado.
Informó que según el Censo Ecuador 2022, hay 3.3 millones de niñas y niños en el país de los cuales 5 738 tienen discapacidades relacionadas con autismo. En 2024, 4 179 estudiantes con autismo están registrados en el sistema educativo público. En el Registro Nacional de Discapacidad constan 487 542 personas, de los cuales el 10.85 % corresponde a niñas, niños y adolescentes.
Por tanto, subrayó que es prioritario desarrollar infraestructura accesible y mejorar la infraestructura existente, adaptar los currículos, desarrollar y mejorar los recursos educativos adaptados, material didáctico y tecnologías de apoyo, como herramientas que permitan atender a los estudiantes con estas condiciones.
Para que los instrumentos emitidos por el Ministerio de Educación den una respuesta integral para garantizar el acceso, permanencia, participación, aprendizaje, promoción y culminación de la trayectoria educativa de los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, será fundamental la implementación de éstos a nivel territorial, con un monitoreo permanente y la evaluación periódica de su efectividad, manifestó.
De su lado, Hernán Zapata señaló que a nivel nacional hay 16 140 instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, y de ellas, menos del 50 % son instituciones que brindan atención a estudiantes en condiciones de discapacidad.
Mientras que, Cecilia Baltazar remarcó que la Constitución garantiza el derecho a una educación sin discriminación. "Los niños, niñas y adolescentes con autismo, necesidades especiales o alguna discapacidad no pueden ser excluidos, tienen que estar en las aulas, puntualizó.
Finalmente, Sixto Parra habló de las dificultades de padres de hijos con autismo. Dijo que para diagnosticar una condición relacionada con el trastorno del espectro autista se necesitan recursos, lo que no ofrece el Sistema de Salud Pública.
RSA
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