La Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad recibió a representantes de organizaciones sociales y legisladores para el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado y el Proyecto de Ley Orgánica de Víctimas.
Durante la sesión, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, resaltó la importancia de que esta normativa respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y la soberanía sobre sus territorios. “Debemos considerar que el derecho mayor es el de territorio”, subrayó. Además, solicitó que la consulta prelegislativa sea coordinada con la consulta previa para evitar conflictos como en la Ley de Recursos Hídricos.
Por su parte, Diana Bedoya, representante de la Fundación CARPE DIEM, recalcó que la consulta previa es un derecho fundamental, pero actualmente carece de procedimientos claros. Propuso que la ley garantice plazos adecuados para la información y consulta en los territorios, además de un presupuesto específico que asegure su implementación efectiva en los territorios.
El antropólogo Darío Iza, presidente del pueblo Kitu Kara, advirtió que la falta de procedimientos establecidos puede afectar gravemente los territorios y los derechos colectivos. Propuso la construcción de una sola propuesta de ley consensuada con las organizaciones indígenas y sociales, además de incluir la participación de los GAD en el proceso de consulta.
Ley de Víctimas
El legislador Blasco Luna, proponente del proyecto de Ley Orgánica de Víctimas, señaló que actualmente no existe una normativa específica para la reparación del daño en casos de represión estatal. La propuesta contempla tres capítulos orientados a garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
En el debate, la legisladora Jhajaira Urresta resaltó la importancia de contar con una ley que garantice la reparación integral de las víctimas. En la misma línea, el legislador Paúl Buestán señaló que la falta de cumplimiento normativo ha generado un sistema que perpetúa la vulneración de derechos.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas, subrayó que la mesa legislativa continuará con el tratamiento de ambos proyectos con el objetivo de fortalecer los derechos colectivos y la protección de las víctimas.
SH
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