El 20 de marzo, en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, llevamos a cabo la Sesión No. 104, en la que abordamos la grave situación que atraviesan los hospitales Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil y Carlos Andrade Marín (HCAM) de Quito. La falta de medicamentos, la saturación de pacientes y la inacción de las autoridades han generado una crisis que afecta la vida de cientos de ecuatorianos.
Escuché con profunda preocupación los testimonios de pacientes y familiares, quienes han sido abandonados por un sistema de salud que debería protegerlos. Andrés Chacha, paciente del HCAM con distrofia muscular de Duchenne (DMD), denunció que desde hace siete meses no recibe su tratamiento con Translarna, un medicamento esencial para frenar el avance de su enfermedad. “Exijo justicia, exijo humanidad y exijo que se respete nuestro derecho a vivir con dignidad”, fueron sus palabras.
Jenny Villalva, madre de un niño con la misma enfermedad, compartió su angustia. Su hijo y otros 10 pacientes han sido privados de su medicamento con la excusa de que han subido de peso y que el fármaco se dosifica en función de este. ¿Cómo es posible que el acceso a un tratamiento vital dependa de la desidia y la falta de previsión en la compra de medicinas?
En la sesión, mis compañeros asambleístas expresaron su solidaridad y preocupación. Franklin Samaniego enfatizó la necesidad de garantizar el acceso a tratamientos de manera urgente. Jorge Chamba hizo eco del dolor de las familias y señaló que la fiscalización debe servir para poner fin a la indolencia de ciertos funcionarios.
Pero lo más indignante es que quienes debían dar respuestas no asistieron. Eduardo Peña, presidente del Directorio del IESS; Jorge Peñaherrera, gerente del HCAM; y Alberto Sper Sempertegui, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, no comparecieron ni enviaron excusas. ¿Dónde están las autoridades cuando se trata de rendir cuentas sobre la salud de los ecuatorianos?
Ante este escenario, hago un llamado enérgico al Ejecutivo. No se puede seguir permitiendo que la falta de medicamentos ponga en riesgo vidas. El derecho a la salud está siendo vulnerado, y como legisladores no podemos quedarnos de brazos cruzados.
En este contexto, quiero destacar la participación de Paúl Guaita, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y Asambleísta por un Día, quien propuso la creación de una guía de medicamentos para mejorar la transparencia en su distribución y evitar desabastecimientos. Esta es una idea que merece ser trabajada con el apoyo de la academia y las instituciones de salud.
La fiscalización debe tener consecuencias. Vamos a exigir respuestas, a continuar con este proceso y a garantizar que se tomen las medidas necesarias para que la salud no siga siendo una promesa incumplida.
Los ecuatorianos merecen un sistema de salud que funcione. Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
