El 20 de marzo, desde la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, hemos asumido la responsabilidad de fiscalizar las graves afectaciones causadas por el derrame de petróleo en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. No es solo un desastre ambiental; es una crisis humanitaria que ha dejado a más de 500 mil personas sin acceso a agua potable, con serias consecuencias para la salud pública y la economía de la región.
La resolución del Pleno de la Asamblea Nacional nos encomendó llevar adelante este proceso, por lo que hemos definido un cronograma de trabajo que culminará el 17 de abril con la aprobación de un informe detallado sobre el impacto del derrame y las acciones de reparación. Para ello, solicitaremos información y convocaremos a comparecencias a diversas instituciones, entre ellas los ministerios de Ambiente, Finanzas y Salud, Petroecuador, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Además, escucharemos a alcaldes, académicos y especialistas ambientales para comprender la magnitud del daño y exigir soluciones.
Durante la sesión, quedó en evidencia la gravedad de la crisis. La asambleísta Gissela Garzón señaló que las comunidades afectadas han sido abandonadas a su suerte, sin medidas inmediatas para mitigar el daño. La contaminación de más de 80 kilómetros de ríos, como el Esmeraldas y el Viche, no solo afecta al ecosistema, sino que ha interrumpido el suministro de agua en varios cantones y paralizado actividades económicas esenciales.
He manifestado con claridad que este no puede ser otro desastre ambiental que quede en el olvido. Como Comisión, nuestro deber es garantizar la transparencia en las acciones del Gobierno y exigir medidas efectivas para la remediación y reparación de los daños. No permitiremos que la inacción condene a miles de ecuatorianos a vivir en condiciones precarias por culpa de la irresponsabilidad institucional.
En paralelo a la fiscalización del derrame, abordamos otra problemática: la falta de respuestas a los requerimientos de información formulados por los asambleístas Victoria Desintonio y Cristhian Vega. El Ministerio de Gobierno y el ISSFA no han entregado la información solicitada, lo que representa un incumplimiento a su obligación de transparencia. Ante esto, hemos insistido en el envío de los pedidos y hemos establecido un plazo de cinco días para su entrega.
Con 7 votos a favor, la Comisión aprobó la moción para avanzar en la fiscalización de este desastre. No descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas y las víctimas reciban la atención que merecen. La sesión ha concluido, pero nuestra lucha por la justicia y la transparencia apenas comienza.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
