El lunes 24 de marzo de 2025, en la Sesión N.º 106 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidí una jornada que marca un paso importante en nuestro trabajo de fiscalización. Con el quórum reglamentario y el respaldo mayoritario de los miembros de la Comisión, aprobamos dos informes fundamentales que responden al mandato de la Asamblea Nacional: uno relacionado con la condonación de deudas en el sistema financiero público, y otro sobre el incumplimiento del programa de becas “Futuro Femenino 2024”, que afecta directamente a médicos posgradistas en formación.
El primer informe que tratamos corresponde a la Resolución RL-2023-2025-122, que da seguimiento a los Decretos Ejecutivos 317 y 383. Estas normativas fueron emitidas con la intención de aliviar las deudas de los sectores más vulnerables, condonando créditos en fase coactiva por hasta 5.000 dólares. Sin embargo, a través de las comparecencias y de la documentación recabada, quedó en evidencia que el proceso ha sido lento, confuso y poco transparente.
Según el informe aprobado, más de 13.000 operaciones fueron condonadas por BanEcuador, representando un monto superior a los 66 millones de dólares. Pero no podemos perder de vista que muchas personas no accedieron al beneficio por falta de información clara, por requisitos difíciles de cumplir o simplemente porque no sabían que podían acogerse. Esto no puede seguir ocurriendo. La Comisión, con 9 votos a favor, aprobó el informe y sus recomendaciones, que apuntan a mejorar la rendición de cuentas, facilitar el acceso a la información y garantizar que la condonación llegue realmente a quienes la necesitan.
El segundo punto del día fue aún más sensible. Analizamos y aprobamos, con 7 votos afirmativos, el informe relacionado con la Resolución RL-2023-2025-116, que fiscaliza la ejecución del programa de becas “Futuro Femenino 2024”. Lo que encontramos fue preocupante: decenas de médicas posgradistas seleccionadas no han recibido los recursos comprometidos por el Estado, lo que ha puesto en riesgo su formación profesional.
Durante el proceso, recopilamos información de universidades, del Ministerio de Salud, Senescyt y otras entidades. Lo que quedó claro es que no hubo una planificación seria ni claridad en los mecanismos de asignación de recursos. Como consecuencia, muchas de estas profesionales se han endeudado, han tenido que dejar sus empleos, o están considerando abandonar sus estudios. Esto, en un país que necesita con urgencia más médicos y especialistas, es inaceptable.
Con la aprobación de este informe, la Comisión exige que se cumplan los compromisos asumidos con estas becarias. No se puede jugar con el futuro de quienes están formándose para servir a la ciudadanía desde uno de los frentes más críticos: la salud pública.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
