La Comisión de Educación recibió a representantes del sector artístico, quienes observaron aspectos relacionados a su contratación y regulación de remuneraciones, contenidas en la iniciativa que reforma la Ley de Defensa Profesional del Artista, analizada por este organismo legislativo.
El músico Romel Parreño resaltó, con relación al artículo 5 de la reforma en análisis, la importancia de implementar mecanismos para el cumplimiento obligatorio en la celebración de contratos artísticos escritos, ya que a su consideración, “los acuerdos verbales sobre el tiempo de presentación y formas de remuneración, se incumplen de parte del contratante”.
Indicó que, “se debe garantizar el efectivo cumplimiento en la entrega del 50 % del valor acordado, durante la firma del contrato y, el 50 % restante antes de la presentación, para garantizar a las y los artistas un pago oportuno por sus servicios profesionales.
Por otro lado, el gestor cultural bolivarense, Xavier González, señaló la importancia de contar con un marco regulatorio que establezca parámetros objetivos en relación a la remuneración artística, así como crear figuras económicas que les permitan cumplir de forma justa con sus obligaciones en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para González, “las y los artistas son entes casi fantasmales para la administración pública”, por lo que se requiere una reforma integral que los reconozca, tanto como a la diversidad de sus actividades, como pilares que contribuyen profundamente a la reconstrucción del tejido social y de las poblaciones vulnerables.
Sobre el análisis a los proyectos que reforman la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la comisión escuchó a representantes de la Asociación DECE Nacional.
Sebastián Salazar, abogado de la entidad, solicitó incluir 2 nuevos artículos en la codificación vigente, para reconocer de forma específica los derechos y obligaciones de los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), “pues su labor se enfoca en el acompañamiento exclusivamente socioemocional del estudiante”.
Al respecto, mostró preocupación sobre lo establecido en el vigente artículo 79, “que no delimita quienes pueden ejercer este cargo dentro del sistema educativo nacional”. La norma actual permite que perfiles “afines” a la psicología o docencia puedan hacerlo, cuando, debido a la sensibilidad de sus funciones, debería ser de exclusivo ejercicio de personal especializado”, dijo.
También participaron Wendy Velásquez y Jacqueline Cadena, miembros de esta asociación, quienes coincidieron en que, “el personal DECE no es partícipe de derechos y garantías laborales como la regulación de un escalafón, ni de protección adecuada cuando realizan visitas a estudiantes en situaciones de riesgo”.
Por último, la comisión analizó y votó el informe de fiscalización a doce temas relacionados con el sistema educativo, resultado de las mesas técnicas realizadas con delegados del Ministerio de Educación. La moción de aprobación propuesta por la legisladora Zolanda Plúas no contó con el respaldo necesario.
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