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La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llevó a cabo la Sesión N.º 107 el 27 de marzo de 2025 en la ciudad de Esmeraldas, con el objetivo de fiscalizar los efectos del derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo en el sector El Vergel, cantón Quinindé. Esta visita en territorio se realizó en cumplimiento de la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional No. RL-2023-2025-171, en la que se dispuso investigar los impactos sociales, ambientales y económicos del desastre.
Durante la sesión, se instalaron varias comisiones generales que permitieron escuchar a representantes de comunidades, sectores productivos y autoridades locales. El abogado José Gabriel Rivera López, representante de las comunidades afectadas, advirtió que las cláusulas del contrato de seguro podrían dejar sin reparación a las víctimas si el evento se considera “atentado terrorista”. Denunció también la falta de agua potable y atención médica, así como la ausencia de medidas efectivas por parte de las autoridades competentes.
El representante de Jóvenes Protectores del Planeta, Jefferson Bolívar Castillo, reclamó una compensación real para Esmeraldas y rechazó la entrega de bonos simbólicos como respuesta al desastre. Por su parte, el dirigente comercial Orlando Garcés destacó el fuerte impacto del derrame en la economía local, exigiendo una respuesta efectiva para mitigar la paralización del comercio.
Carlos Cuero, pescador artesanal, compartió el testimonio de su comunidad, que se ha visto obligada a suspender actividades por la contaminación de ríos y costas. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, Edgar Aguayo, remarcó que la provincia sigue a la espera de un plan real de recuperación económica.
La sesión contó también con la participación de líderes gremiales como Luis Bastidas, Sonia Valencia y Fidel Solórzano, quienes reiteraron la gravedad de la afectación a los sectores turismo, comercio y ganadería. Freddy Ávila, del sector pesquero, hizo un llamado urgente para recibir apoyo que permita reactivar la producción y la alimentación en las comunidades costeras.
En la fase de comparecencias, autoridades como la prefecta Roberta Zambrano, el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís, y sus homólogos de Quinindé, Atacames, Río Verde y Camarones, coincidieron en la urgencia de declarar a la zona como área de desastre y activar mecanismos de compensación directa. Denunciaron también la lentitud del gobierno central para asumir responsabilidades y brindar soluciones concretas a los damnificados.
El presidente de la Comisión, asambleísta Patricio Chávez, reiteró que este proceso de fiscalización se mantendrá con firmeza hasta garantizar que no haya impunidad. Señaló que la Comisión exigirá información detallada sobre las acciones tomadas por Petroecuador y otras entidades responsables, y se asegurará de que las comunidades no queden en el abandono.
La sesión culminó con el compromiso de elaborar un informe completo sobre la situación en Esmeraldas, que será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento. La Comisión ratifica su compromiso con la verdad, la reparación y la justicia ambiental y social.
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