El 27 de marzo de 2025, como presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, instalé la Sesión N.º 107 en la ciudad de Esmeraldas, para dar seguimiento a uno de los temas más urgentes que enfrenta la provincia: el derrame petrolero ocurrido el 13 de marzo en el sector El Vergel, cantón Quinindé.
Nos trasladamos al territorio porque creemos que la fiscalización no puede quedarse en las oficinas de Quito. Es fundamental escuchar directamente a las comunidades, autoridades y sectores productivos que están viviendo las consecuencias de este desastre.
Durante la sesión, recibimos a representantes de organizaciones sociales, gremios productivos, defensores ambientales, alcaldes, y ciudadanos que compartieron con nosotros el impacto real de este derrame: familias sin agua potable, trabajadores sin empleo, ríos contaminados, turismo paralizado y una gran incertidumbre sobre el futuro económico de la zona.
El abogado Gabriel Rivera, en representación de las comunidades afectadas, fue claro al advertir que las cláusulas del contrato de seguro podrían dejar sin compensación a quienes han perdido todo, si se llegara a catalogar el hecho como “atentado terrorista”. Esta decisión, que parecería técnica, en realidad es profundamente política y puede condenar al abandono a miles de personas.
También escuchamos a jóvenes líderes como Jefferson Bolívar Castillo, quien pidió una reparación integral que no se limite a bonos simbólicos. Nos dijo con contundencia: “Queremos justicia ambiental, no limosnas”. Testimonios como el suyo nos reafirman en el compromiso que tenemos con la verdad y con la gente.
Los representantes del comercio, la pesca y el turismo describieron un panorama devastador. Familias enteras han perdido su sustento, comunidades siguen esperando atención médica y nadie sabe con certeza cuántos recursos se han destinado para atender esta emergencia.
Autoridades locales como los alcaldes de Esmeraldas, Quinindé, Río Verde y Camarones, así como la prefecta Roberta Zambrano, expresaron su frustración por la falta de respuesta del Gobierno Central. Trece días después del derrame, no existe una declaratoria oficial de desastre ni acciones claras para la reparación.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
