El lunes 31 de marzo de 2025, instalamos la Sesión No. 109 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en modalidad virtual, con el quórum reglamentario. En esta jornada, dimos paso al tratamiento de las resoluciones CAL-RVVR-2023-2025-0241 a la 0245, remitidas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), referentes a requerimientos de información formulados por varios asambleístas y aún no respondidos por diversas entidades públicas.
Desde la presidencia de esta Comisión, destaqué que el objetivo de abordar estas resoluciones es garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Reafirmé que nuestra responsabilidad es asegurar que las solicitudes de los legisladores sean debidamente atendidas por las instituciones del Estado, y que este tipo de fiscalización es esencial para una democracia saludable.
La asesora jurídica de la Comisión, Patricia López, presentó el análisis de los casos contenidos en las resoluciones emitidas por el CAL, que corresponden a pedidos de información de los asambleístas Pamela Aguirre, Manuel Tapia, Ana Raffo, Cristhian Vega y Lenin Barreto. Posteriormente, la secretaria relatora, Karina Zapata, dio lectura a la parte resolutiva del informe.
Durante el debate, la asambleísta Carmen Tiupul mocionó la aprobación del informe, destacando la importancia de exigir respuestas claras y oportunas por parte de las instituciones públicas involucradas. La moción fue sometida a votación y aprobada con 8 votos afirmativos y 1 abstención.
Al cerrar la sesión, reiteré nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la cultura de transparencia en el país, así como de mantener un proceso legislativo abierto, ético y riguroso. La fiscalización y el control social no son solo herramientas legislativas, sino deberes que asumimos con responsabilidad frente a la ciudadanía.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
