El 2 de abril instalamos, con quórum reglamentario, la sesión N.º 108 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, dando continuidad a la fiscalización dispuesta por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante la Resolución RL-2023-2025-171. Nuestro objetivo fue claro: avanzar en el análisis de la afectación ambiental, social y económica provocada por el derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo de 2025 en El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
Durante la sesión, recibimos a Viviana Morales, PhD en Derecho y experta en Derecho Ambiental, quien denunció que aún no se ha establecido la cantidad real de barriles derramados. Recordó que el Estado tiene el deber de actuar de forma inmediata ante este tipo de catástrofes, y lamentó el incumplimiento de una orden judicial de abril de 2024 que exige actualizar el Acuerdo 100-A, indispensable para establecer los plazos de remediación. Su intervención fue clara: no se trata de caridad, se trata de justicia y de cumplir con el deber de reparar a las comunidades y a la naturaleza.
El Subcontralor General del Estado, Carlos Sánchez Cunalata, informó que la Contraloría General está ejecutando un examen especial a los planes de operación y mantenimiento del SOTE. Subrayó que, una vez finalizadas las labores de remediación, se evaluarán las responsabilidades legales correspondientes.
Desde la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela expuso las acciones que han desplegado: visitas in situ, exhortos públicos, una investigación defensorial y el monitoreo constante sobre las afectaciones al acceso al agua, la salud, la biodiversidad y los medios de vida tradicionales. Nos aseguró que la institución continuará impulsando el cumplimiento de las obligaciones estatales para lograr una reparación integral.
Durante la jornada también escuchamos las intervenciones de varias legisladoras. Se advirtió, con firmeza, que el agua contaminada está afectando profundamente la vida rural de Esmeraldas, desde la agricultura hasta la ganadería y la pesca, y se exigió que el Ministerio de Turismo active un plan que permita recuperar la actividad turística. Además, se recalcó que los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución, deben ser respetados y defendidos con acciones reales, no con discursos vacíos.
Como presidente de esta Comisión, no puedo dejar de manifestar mi indignación ante la reiterada inasistencia de las autoridades del Ejecutivo. A pesar de estar convocados, los representantes de Petroecuador, los ministerios de Ambiente, Agricultura, Turismo, Inclusión, Riesgos, Economía y Finanzas decidieron no dar la cara. Prometen apertura y transparencia, pero rehúyen del deber más básico: rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano.
Desde la Comisión que presido, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la transparencia y la reparación integral a todas las comunidades afectadas. Seguiremos trabajando sin descanso para que este desastre no quede impune y para que los derechos de los ciudadanos y de la naturaleza sean defendidos con firmeza.
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Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
