En el marco del proceso de fiscalización de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la Comisión de la Niñez y Adolescencia recibió a los delegados de la Fiscalía General del Estado (FGE): Ximena Coello, directora de Política Criminal; Jonathan García, coordinador general de Gestión de Recursos; y, Darwin Padilla, director de Estadísticas y Sistemas de Información, quienes expusieron las acciones emprendidas por la institución en la lucha contra la violencia infantil y la optimización del sistema judicial.
Darwin Padilla informó que la FGE mantiene esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Educación para reactivar el intercambio de información estadística sobre delitos sexuales en instituciones educativas. Explicó que, entre 2020 y 2022, ambas instituciones mantuvieron un convenio que permitía identificar y dar seguimiento a los casos denunciados. Sin embargo, tras su vencimiento, en octubre de 2024 se inició un proceso de revisión del acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de cooperación interinstitucional.
Por su parte, Ximena Coello destacó el trabajo realizado para fortalecer la responsabilidad de denuncia en casos de violencia sexual en el sistema educativo. Señaló que si en una investigación se evidencia que un docente, rector o autoridad educativa tuvo conocimiento de un hecho y no lo denunció, se inicia un proceso penal en su contra, ya que esta omisión constituye un delito.
Así mismo, manifestó que, para evitar la falta de denuncias, la FGE ha impulsado capacitaciones dirigidas a directivos y personal educativo, enfatizando las consecuencias legales de no reportar estos casos. Además, se han implementado mecanismos para eliminar barreras en la presentación de denuncias. “Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia contra un niño, niña o adolescente puede denunciar sin necesidad de intermediarios o representantes legales”, subrayó.
Finalmente, Jonathan García expuso la situación del déficit de fiscales, secretarios y asistentes, una problemática que afecta la eficiencia del sistema judicial. Recalcó que, según el plan de cobertura, debería haber un fiscal por cada 100 000 habitantes. Actualmente, con 850 agentes fiscales activos, aún se requiere la incorporación de 600 fiscales adicionales, más de 650 secretarios y asistentes, lo que implicaría un presupuesto adicional de 57 millones de dólares.
Detalló que, dentro de las unidades ya existentes, el déficit inmediato asciende a 58 secretarios y 150 asistentes de Fiscalía. Enfatizó que la solución no solo depende de la disponibilidad de partidas presupuestarias, sino también de su correcta asignación. En este sentido, instó al Consejo de la Judicatura a convocar concursos de méritos y oposición para cubrir las vacantes y garantizar la creación de nuevas partidas.
Además, señaló que la falta de personal afecta otras áreas, como psicología, medicina legal y trabajo social, además del personal administrativo, cuya labor es esencial para que la institución pueda operar de manera eficiente y garantizar la protección de las víctimas.
MEV
