El asambleísta Ricardo Zambrano, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, socializará en la provincia de Manabí los avances del proyecto de creación del Banco de Desarrollo Rural.
El acto se desarrollará el 30 de agosto, a partir de las 10:00, en el Auditorio de la Casa Legislativa de Manabí, ubicado en la calle Olmedo entre Sucre y Córdova, edificio La Previsora, planta baja.
El parlamentario invitó a las organizaciones agrícolas y al público en general para que se informen de primera mano el marco conceptual que tendrá el nuevo banco que reemplazará al Banco Nacional de Fomento.
Recordó que de acuerdo con el artículo 309 de la Constitución, el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Además, agrega que cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas. El banco de desarrollo rural se enmarca en el sector financiero público, en concordancia con el artículo 309 de la Constitución, al tiempo de indicar que el banco de desarrollo rural debe ser complementario al sector financiero privado y al popular y solidario, sin llegar a entrecruzarse.
A criterio del parlamentario, en este nuevo banco, sus productos financieros no deben estar condicionados al criterio del máximo beneficio y la especulación; sus operaciones deben producir un impacto social o agropecuario positivos; debe ser un banco donde la relación ahorro-crédito se fortalezca en base a la eficiencia, eficacia y transparencia.
Además, podrá funcionar como banca de primer piso, con sucursales y agencias propias, y, como banca de segundo piso, pudiendo participar a través de cooperativas de ahorro y crédito (COA’s) u otras instituciones financieras.
Precisó que como banca de segundo piso su fuente de fondos no debe ser solamente el Presupuesto General del Estado, sino fuentes de financiamiento externo.
Así mismo, sostuvo que el banco debe financiar las actividades productivas, normalmente a una tasa de intereses inferior a la del mercado; debe excluir la concesión de créditos para el consumo, los que deben ser canalizados a través de la banca popular y solidaria.
JLVN/pv
