El legislador por la provincia de Tungurahua, Ramiro Vela, presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tiene como objetivo establecer que el régimen educativo del Bachillerato en el Ecuador se estructure de manera que el currículo esté compuesto en un 50 % por formación técnica y en un 50 % por formación diversificada.
El proponente argumentó que de esta manera se garantizará una educación integral que prepare a los estudiantes, tanto para la vida laboral como para la continuación de estudios superiores.
“Esta propuesta permitirá atacar uno de los principales problemas, porque los estudiantes que salen de los colegios no tienen trabajo; antes había los bachilleratos técnicos que les permitían tener una opción, mientras buscaban una preparación superior”, precisó.
Además, señaló que el Estado necesita entregar la mano de obra inmediatamente al terminar el bachillerato, con determinado tipo de preparación.
En la iniciativa legal consta que el Ministerio de Educación, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el sector productivo y las comunidades locales, deberá realizar un estudio de necesidades productivas y laborales de cada provincia y cantón, con el fin de garantizar que las especialidades técnicas ofrecidas en los colegios sean pertinentes y respondan a las demandas del desarrollo local.
Los colegios técnicos deberán actualizar periódicamente su oferta académica de acuerdo con estos estudios y las políticas nacionales de desarrollo productivo y tecnológico.
Añade que el Ministerio de Educación, a través del Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, emitirá las directrices necesarias para la implementación de esta reforma, incluyendo la actualización de los currículos, la capacitación docente y la dotación de recursos e infraestructura adecuados para la formación técnica.
Para ello, las instituciones educativas que actualmente ofrecen el bachillerato deberán adecuar sus planes educativos institucionales y currículos a lo dispuesto en la presente reforma en un plazo no mayor a dos años a partir de la promulgación de la normativa.
AM
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