Mediante el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la asambleísta Sandra Rueda, representante de la provincia de Napo, introduce cinco transformaciones estructurales que marcan un antes y un después en la relación entre el Estado y la Amazonía.
Con tal propósito propone establecer que el Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción, delegado del Presidente de la República, sea sujeto de juicio político ante la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones.
La legisladora, tras señalar que el tema es de principal importancia y urgencia para los amazónicos, expresó que la ley vigente tiene vacíos como la no responsabilidad administrativa, civil y penal de tal autoridad. Aseguró que si se manejan fondos amazónicos debe existir esa responsabilidad, incluida la política.
La propuesta, además, crea un régimen sancionatorio autónomo, diferenciado y técnicamente fundamentado, tanto para servidores públicos como para personas jurídicas privadas, mixtas y/o con participación estatal.
También incorpora un capítulo relacionado con la hoja de ruta hacia una Amazonía post-extractivista. En este sentido, explicó que no se trata de un discurso, sino de un compromiso legal, obligatorio y progresivo. Se fija una meta de treinta años para el cese progresivo de las actividades extractivas no renovables en la región, y se establece un modelo fiscal de justicia territorial, en el que el 80 % de los recursos generados por esas actividades se quedará en las provincias amazónicas, destinado exclusivamente a inversión en desarrollo sostenible, educación, ciencia, transición energética y regeneración ecológica.
Crea el Sistema Nacional de Transición Post-Extractivista Amazónica (SNTPA), una arquitectura institucional que permitirá articular a todos los niveles de gobierno, a las organizaciones indígenas, a las universidades, a los centros de investigación y a la ciudadanía en un proceso participativo, técnico y transparente.
Destacó que esta reforma no es solo una mejora técnica de una ley existente. Es una declaración de futuro. Es la transformación de un instrumento legal en una hoja de ruta para una transición ecológica justa. Es la manera en la que la Amazonía ecuatoriana pasa de ser fuente de renta para otros a ser sujeto de su propio desarrollo. Y es también un mensaje político y ético: no se puede hablar de sostenibilidad si no se empieza por donde la vida aún resiste, concluyó.
RSA
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