La Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por la Industrialización del Petróleo es una deuda histórica con las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena. Este proyecto de ley garantiza que las rentas generadas por la industrialización del petróleo se distribuyan de manera justa, beneficiando directamente a los territorios donde se realiza esta actividad. Y es aquí donde nuestras parroquias San José de Ancón, Anconcito, José Luis Tamayo y Atahualpa juegan un papel fundamental.
Gracias al trabajo conjunto y al respaldo de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, logramos que se reconozca en este cuerpo legal la realidad y el aporte de nuestras parroquias rurales. No permitimos que se limite únicamente al cantón La Libertad, sino que exigimos y conseguimos la inclusión de las parroquias donde realmente se desarrolla actividad petrolera y donde más se sienten sus impactos.
¿Qué beneficios traerá esta ley para Santa Elena y nuestras parroquias?
Primero, justicia económica. Ahora, parte de las rentas generadas por la industrialización del petróleo regresará a nuestros territorios. Un 10% irá a los GADs parroquiales, 50% a los GADs municipales y 40% a la Prefectura. Esto significa recursos frescos y directos para financiar el desarrollo local. Y aquí realizo énfasis en un dato concreto y fundamental: La asignación del 10% a los GADs parroquiales significará un total de $1.271.493,30 que se dividirán equitativamente entre nuestras cuatro parroquias, recibiendo cada una la suma de $317.873,33. Estos recursos representan la oportunidad real de llevar obras a nuestros territorios, mejorar la calidad de vida y devolverle a nuestras comunidades lo que por derecho les corresponde.
Segundo, obras que transforman vidas. Estos fondos se destinarán exclusivamente a proyectos prioritarios como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, manejo de desechos sólidos, infraestructura vial y proyectos de gestión ambiental. Obras que llegarán donde más se necesita. Tercero, transparencia y oportunidad. El Banco Central será el encargado de transferir estos fondos de manera automática y mensual, asegurando que lleguen a su destino sin retrasos ni trabas burocráticas.
Además, esta ley prioriza las inversiones en sectores con mayores necesidades básicas insatisfechas y en zonas de riesgo y vulnerabilidad. Nuestras parroquias, por fin, podrán
recibir los recursos que tanto tiempo les fueron negados y que permitirán planificar un desarrollo justo y sostenible. Hoy podemos mirar a los ojos a nuestros ciudadanos de la Libertad, Ancón, Anconcito, José Luis Tamayo y Atahualpa y decirles: ¡hemos luchado por ustedes y lo hemos logrado!
Asambleísta por la provincia de Santa Elena
