Hoy, en la sesión 089-2023-2025 de nuestra Comisión de Gobiernos Autónomos, pusimos sobre la mesa el corazón y la razón para defender a dos provincias que han sostenido la economía nacional por décadas: Esmeraldas y Santa Elena.
¿Por qué esta ley es tan urgente?
Porque la Constitución (art. 274) nos respalda. Allí se reconoce el derecho de los territorios donde se explotan o industrializan recursos no renovables a participar de las rentas del Estado.
Porque existe una deuda histórica. Las comunidades que respiran el aire de las refinerías y conviven con las tuberías del crudo no han visto un retorno justo en agua potable, alcantarillado ni remediación ambiental.
Porque hablamos de dignidad. Si el petróleo es de todos, el bienestar también debe serlo.
Ajustamos el texto para que incluya no solo la explotación y la industrialización, sino también el almacenamiento y el gas asociado. ¡Que no queden vacíos que limiten la compensación!
Discutimos porcentajes pensando en GAD parroquiales, municipales y provinciales, priorizando obras básicas y mitigación ambiental. Coincidimos: primero el agua y la salud de la gente.
Compañeros como Lenín Lara, Paola Cabezas y Patricio Cisneros recordaron cuánto ha dado Esmeraldas y cómo Santa Elena ha soportado el peso de las operaciones petroleras. Sus intervenciones nos devolvieron la mirada a la tierra y a la gente.
He encargado a nuestra Secretaría consolidar cada observación recibida. Queremos llegar al Pleno con un texto robusto, sin fisuras legales y con el respaldo unánime de las comunidades.
No habrá letra pequeña ni retrasos. Transparencia, celeridad y rigor técnico son los pilares con los que construiremos esta ley. Sabemos que cada día de demora significa oportunidades perdidas para niños, jóvenes y adultos mayores que esperan servicios básicos y empleo digno.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
