El representante de la provincia de Tungurahua, Ramiro Vela, presentó el proyecto de Ley Orgánica para Reforzar la Seguridad Ciudadana en el Ecuador, que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para reforzar la seguridad ciudadana, prevenir la criminalidad, proteger los derechos de las personas y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El asambleísta explicó que se pretende consolidar un sistema nacional de seguridad ciudadana eficiente, descentralizado, articulado y dotado de recursos humanos, tecnológicos y normativos adecuados para enfrentar las amenazas actuales, con respeto al orden constitucional, la justicia y la dignidad humana.
Expuso que propone la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que accione con los barrios, dirigentes, con las entidades del campesinado y las Juntas, quienes serán también los que construyan la Ley.
Enfatizó la educación para la seguridad ciudadana, que debe ser desde las escuelas y colegios donde existen problemas de venta de droga, reclutamiento de menores de edad para el crimen organizado, violencia intrafamiliar y violaciones.
Para Vela resulta urgente y necesario reforzar el marco jurídico en materia de seguridad ciudadana, a través de una Ley Orgánica que articule las competencias de las instituciones del Estado, fortalezca los mecanismos de prevención del delito, modernice las capacidades operativas de las entidades de seguridad, promueva la participación ciudadana y garantice el respeto a los derechos humanos.
Esta ley se aplicará a todas las instituciones del Estado que intervienen en el diseño, ejecución y control de políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana.
Las disposiciones transitorias establecen que, en el plazo de 90 días, el Ministerio del Interior emitirá el reglamento técnico para la homologación de tecnologías de vigilancia en el país; en un plazo no mayor a 120 días, las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad deberán actualizar sus planes operativos conforme a esta ley. Además, incluye la obligación de los GAD de desarrollar políticas locales de seguridad ciudadana.
RSA
