El legislador Otto Vera, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y representante de la provincia de Santa Elena, presentó el proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a Favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Universidades Públicas por la Industrialización de Petróleo en la provincia de Santa Elena, que tiene por objeto regular la participación de tales instituciones en las rentas que perciba el Estado y sus empresas públicas por concepto de explotación e industrialización de hidrocarburos y sus derivados, en los territorios de aquella provincia.
El legislador explicó que su propuesta establece un marco jurídico que garantice la participación justa, equitativa y constitucional para la provincia de Santa Elena a través de sus Gobiernos Autónomos Descentralizados y su universidad pública.
“Esta iniciativa busca subsanar una omisión histórica en la distribución de recursos públicos, reconociendo el derecho que le asiste a Santa Elena en virtud del artículo 274 de la Constitución de la República, al ser sede de infraestructura estratégica como la Refinería Estatal de La Libertad, terminales marítimos, oleoductos y centros logísticos”, señaló.
Aseguró que mediante esta ley se persigue corregir desigualdades territoriales acumuladas, garantizar el cumplimiento del principio de justicia redistributiva, y promover el desarrollo integral de una provincia que, pese a su contribución al sector energético nacional, ha sido sistemáticamente excluida de los beneficios económicos derivados de esta actividad.
Vera sostuvo que las poblaciones de Santa Elena, Esmeraldas y Sucumbíos han sostenido económicamente el país por muchos años y que debe responder a las disposiciones constitucionales que determinan que donde se industrialicen los recursos naturales no renovables hay la obligatoriedad del Estado a resarcir los daños ambientales que por efectos de la explotación e industrialización ahí se han dado.
Dijo que su propuesta, que contiene 8 artículos, plantea recibir un dólar por cada barril industrializado, 60 millones de dólares en total para las tres provincias del Ecuador.
Subrayó la importancia del Estado en educar a sectores, sobre todo, la masa crítica, que sea preparada y profesionalizada, porque si no se preparan a agricultores y pescadores, seguramente la falta de tecnología hace que no sean competitivos ante el mercado internacional y va a ocurrir que las exportaciones van a disminuir por tener el mismo nivel de confianza a nivel internacional.
Con respecto al proyecto de la misma materia que fuera vetado totalmente por el Ejecutivo, aseguró que la diferencia es el momento político. Espera que, una vez que terminó el período electoral, haya la posibilidad de sentarse y pensar en función del país, de los agricultores, pescadores y las poblaciones.
RSA
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