La Comisión de Participación Ciudadana aprobó los informes no vinculantes de análisis sobre los informes anuales de labores presentados por el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El estudio de la información remitida por las entidades de la Función Electoral y la Función de Transparencia se realizó en atención a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que designó a esta mesa legislativa a evaluar lo realizado por estas funciones del Estado durante el año 2024.
Los informes no vinculantes contienen recomendaciones en el sentido de que las entidades, en próximas rendiciones de cuentas, otorguen mayores detalles técnicos sobre los procesos ejecutados, en el marco de sus competencias y su relación con los presupuestos asignados.
Además, la recomendación de fortalecer su trabajo descentralizado en territorio, sobre todo respecto a la Función de Transparencia. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, evidenciar con claridad, más allá de los registros numéricos, cómo sus acciones han favorecido a reducir el impacto de la violencia política de género en el ejercicio de participación política en el Ecuador.
En otro orden, con 7 votos de respaldo, aprobó el informe de seguimiento trimestral sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en el “Informe por la Verdad, Justicia y Reparación del Caso María Belén Bernal Otavalo”, dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de noviembre de 2022.
Entre las conclusiones contenidas en el informe se evidencia la importancia de garantizar la celeridad procesal, pues “a pesar de la gravedad de los hechos, el trámite ha sufrido demoras considerables; en consecuencia, no se ha podido implementar las medidas de reparación ordenadas”, reza el documento.
Los legisladores miembros de la mesa coincidieron en que es urgente que los órganos judiciales agiliten los recursos pendientes para que aseguren el respeto a los derechos humanos de los afectados por el asesinato de Bernal.
Además, el documento señala que “resulta preocupante que algunos compromisos asumidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Este último ha manifestado que no le corresponde intervenir en las medidas de reparación integral del caso”.
Por último, aprobó, con 8 votos a favor, el informe de fiscalización a la Superintendencia de Compañías sobre presuntas irregularidades en actos societarios de la compañía VIDCAE S.A. en liquidación.
En el documento se concluye que la superintendencia incumplió sus deberes de vigilar el ejercicio de responsabilidades de los liquidadores de la compañía, así como recomienda remitir el informe a la superintendencia para que tome acciones administrativas legales por las conductas de administradores y liquidadores de la compañía. Así también a la Fiscalía para que determine posibles responsabilidades penales.
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