Ha pasado más de un año desde que el actual Gobierno inició su gestión y, pese a las reiteradas solicitudes de información y a los compromisos públicos asumidos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) siguen esperando las transferencias que garantizan sus servicios esenciales.
Esta mora impacta directamente en la seguridad de nuestros barrios, la vialidad de nuestras parroquias, la legalización de tierras, la protección de nuestra fauna urbana y la ejecución de proyectos que mejoran la vida de nuestras comunidades. No es un tema contable: es la calidad de vida de millones de ecuatorianos.
El pasado 11 de abril de 2025, emití el Oficio Nro. AN-CGAD-2025-0019-ORI dirigido al Ing. Luis Alberto Jaramillo Granja, ministro de Economía y Finanzas. Este documento, sustentado en la Resolución No. 032-CGAD-COT-2023-2025, requiere de manera mensual información detallada sobre el estado de la deuda con los GAD.
Concretamente, el Ministerio debe responder en un plazo de 10 días:
Estado actual del avance en los pagos a los GAD.
Montos cancelados vía transferencia de recursos y los montos pagados mediante títulos de deuda pública o certificados de tesorería.
Saldo pendiente a la fecha con cada Gobierno Autónomo Descentralizado.
La información debe remitirse a los correos institucionales de la Comisión y de mi despacho para garantizar trazabilidad y transparencia.
Transparencia y cumplimiento inmediato
Desde la Comisión hemos cumplido con nuestra labor de fiscalización, aprobando resoluciones que obligan al Ejecutivo a informar mes a mes sobre estos pagos. Sin embargo, el Ministerio ha incumplido reiteradamente esos plazos, revelando una preocupante falta de transparencia.
En nombre de los 221 municipios, 24 prefecturas y 1 134 juntas parroquiales que dependen de estos recursos, exijo al Ministerio de Economía y Finanzas:
Cumplir sin más demoras con la entrega de la información solicitada.
Presentar un cronograma claro y verificable de pagos pendientes.
Honrar las obligaciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
¡Basta de atropellos a nuestros territorios!
Cada día de retraso compromete obras de agua potable, mantenimiento vial, programas de seguridad y atención social. No permitiremos que intereses particulares o la falta de gestión sigan golpeando a nuestros territorios y a los derechos de la ciudadanía.
Nuestra Comisión continuará ejerciendo un seguimiento estricto y, de ser necesario, adoptará medidas legislativas y de fiscalización más enérgicas para garantizar que los recursos lleguen a donde deben llegar: a los gobiernos locales y, sobre todo, a la gente.
¡Los GAD no pueden esperar más! El país exige responsabilidad, seriedad y respeto a la ley. Desde la Asamblea Nacional defenderemos, con firmeza y convicción, los recursos de nuestros territorios y los derechos de todos los ecuatorianos.
Soy Victoria Desintonio, Asambleísta por la provincia del Guayas, de la Bancada Ciudadana. Soy defensora de los derechos de la mujer y sus reivindicaciones. Busco la generación de oportunidades para todos y todas. Tengo treinta y cinco años, mi compañero de vida es John y soy madre de Ezequiel y Rafael. Desde joven, decidí luchar por la eliminación de las causas de la desigualdad y la injusticia
A los diecisiete años me vincule al Movimiento Jubileo 2000. Participé en el impulso a proyectos de formación sobre el tema de la deuda, en la construcción de normativas para el control del endeudamiento público y veedurías, y en el impulso de iniciativas de vigilancia ciudadana a la deuda externa ecuatoriana.
He participado intensamente en el movimiento de mujeres, donde he compartido nuestras luchas por los derechos humanos. Me vinculé al proceso de la Asamblea Constituyente de 2008, en particular en la creación del Mandato Juvenil Constituyente, desde el Acuerdo Nacional de Jóvenes. Ese momento marcó mi vida, pude valorar desde la realidad, la importancia de la participación. Esta iniciativa ciudadana, plasmó los anhelos y demandas de jóvenes ecuatorianos en la nueva Constitución, que siento mía.
Fui consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designación que obtuve a través del voto popular.
Fui asambleísta desde mayo de 2021, hasta la disolución de la Asamblea por muerte cruzada en mayo de 2023. En la Asamblea, propuse la derogatoria de la mal llamada Ley Humanitaria, que precarizó el trabajo de miles de ecuatorianos y ecuatorianas.
Vuelvo a la Asamblea Nacional para construir ese Ecuador que represente igualdad y equidad para todos y todas.
