Vincent Durín, director jurídico de la Cámara Nacional de Acuacultura, presentó observaciones al proyecto de ley que busca proteger las olas rompientes en el perfil costanero ecuatoriano. Sus aportes fueron en relación con la necesidad de proteger este tipo de olas sin afectar la infraestructura previamente construida, con sustento técnico y permisos en regla, en las zonas adyacentes a estas.
Pidió incluir, en el artículo 5 de esta norma, como autoridades competentes del control de las olas rompientes, al Ministerio de Obras Públicas, pues es este, a través de la Secretaría de Control de Puertos, otorgó los permisos para las construcciones existentes a la fecha en estas zonas.
Por otro lado, Cecilia Torres, delegada de la Fundación Mingas por el Mar, manifestó que esta ley busca que los ecosistemas marino-costeros del Ecuador reciban la protección legal necesaria, dada su importancia para la economía de las comunidades costeras y su impacto en la conservación de su biodiversidad.
“Las rompientes no solo son un fenómeno natural; transportan nutrientes para la alimentación de la fauna en el ecosistema marino, regulan la temperatura de las zonas donde se encuentran y sostienen el turismo natural a través del deporte”, señaló. Y recalcó que “las construcciones sin estudios técnicos amenazan estos frágiles ecosistemas que son fuente de sustento de la población”.
Por último, María Aguirre, de la organización Corriente a Favor, solicitó visibilizar, a través de la ley, el valor social que tienen estas olas. “No buscamos impedir las construcciones; pedimos que cualquier intervención se haga de manera informada, técnica y con el conocimiento científico necesario para disminuir su impacto a largo plazo”, señaló.
Además, detalló que “en Ecuador existen más de 45 rompientes de calidad turística que, bien gestionadas, pueden generar el mismo valor económico que un hotel o un centro comercial, ya que atraen visitantes todo el año, fomentan el turismo e impulsan el desarrollo local”.
Previo a la participación de los comparecientes, la comisión aprobó los cronogramas para el tratamiento de esta iniciativa, así como del proyecto de Ley Orgánica para la Conservación y Protección de Páramos, estableciendo como fecha límite para la elaboración de los informes para su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, el 28 de julio de 2025, en ambos casos.
CV
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