El Pleno de la Asamblea Nacional, este miércoles 2 de julio, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica, con el cual se busca garantizar la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas, así como mejorar su infraestructura y combatir la explotación ilegal de estos recursos que son parte del patrimonio natural del Ecuador.
Valentina Centeno, ponente del informe y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que esta normativa tiene tres ejes fundamentales: mejorar la infraestructura y servicios de las áreas protegidas; proteger a los guardaparques; y combatir los delitos relacionados con la tala indiscriminada de bosques, la minería ilegal y actividades conexas.
Justificó la necesidad de proteger el patrimonio del Ecuador, que es uno de los países con mayor diversidad por kilómetro cuadrado del mundo, pero como contraparte, es también el segundo país con la mayor cantidad de especies en peligro de extinción. "Si el país continúa al ritmo de afectación ambiental actual, para el 2045 habrá perdido el 25 % de sus bosques", señaló. Y añadió que el proyecto respeta el derecho de los pueblos y nacionalidades a la consulta previa, libre e informada para los proyectos relacionados con la gestión ambiental.
En el debate, en el cual participaron 20 asambleístas, se pidió la inclusión de un capítulo que fomente la creación de geoparques y la revisión de si es pertienente o no que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se constituya como empresa pública. Asimismo, se refirieron a la eliminación del límite de 12 días al año para la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como mecanismo que permita potenciar el turismo y el crecimiento económico local.
La propuesta legal faculta al Ejecutivo a crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP), como empresa pública, con funciones como: dirigir, planificar y coordinar el Sistema en el marco de las políticas emitidas por la autoridad ambiental; emitir la normativa técnica y lineamientos que se requieran para la gestión del Sistema de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente; y contribuir al desarrollo e identificación de mecanismos que permitan asegurar la sostenibilidad financiera de este Sistema, entre otras.
También, determina la constitución de un fideicomiso público para la administración del SNAP, que se nutrirá con las donaciones nacionales o internacionales; los rubros provenientes de préstamos; y los rendimientos de proyectos de iniciativa del SNAP.
Una vez cerrada la primera discusión, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, a fin de que se sistematicen las observaciones y elabore el informe para segundo debate.
EG
Más fotografías:
