En la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, César Córdova Valverde, Defensor del Pueblo encargado, expuso los alcances de su proyecto de ley que regula el derecho a la reproducción humana asistida en el Ecuador, considerando que un 20 % de las personas no pueden concebir de manera natural.
La propuesta de ley, actualmente en trámite para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene por objetivo garantizar el derecho humano a la salud sexual y reproductiva mediante la regulación de prácticas, técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida. Esto con el fin de que se ejecuten de manera técnica, eficiente, segura y respetuosa de los derechos de las personas involucradas, así como del reconocimiento a la diversidad de tipos de familia.
El Defensor del Pueblo señaló que esta iniciativa normativa da cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional No. 66-18-IS/24, de fecha 26 de junio de 2024, relacionada con el derecho a la reproducción humana asistida.
Detalló que el proyecto establece principios generales; derechos y obligaciones; la participación de las instituciones del Estado en la aplicación de estos procedimientos; los métodos que podrán ser ejecutados en establecimientos de salud públicos, privados y, en ciertos casos, en el domicilio; así como los efectos jurídicos de las maternidades, paternidades y las relaciones filiales derivadas de la reproducción asistida. También contempla la conformación de subcomités de reproducción, así como prohibiciones, infracciones y sanciones correspondientes.
Córdova enfatizó que las personas nacidas mediante estos métodos deben tener el derecho a conocer sus orígenes y desarrollarse en condiciones de igualdad. “Esto es legislar sobre la vida y la salud. Es un compromiso con los derechos humanos”, subrayó.
Finalmente, aseguró que la Red Pública Integral de Salud cuenta con la capacidad necesaria para implementar la Ley de Reproducción Humana Asistida y atender los requerimientos que esta normativa implicaría.
Tras su intervención, los legisladores realizaron preguntas sobre la capacidad de las instituciones públicas para prestar este servicio, solicitaron estudios actuariales y expresaron otras inquietudes. El asambleísta Santiago Díaz advirtió que todo marco legal implica costos y que se debe actuar con responsabilidad. “¿Está el sistema público en condiciones de garantizar esta ley cuando no hay recursos suficientes para otras necesidades básicas?”, cuestionó.
La Comisión continuará recibiendo observaciones con el fin de elaborar un primer texto para su discusión plenaria.
RSA
