En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia: Libros I, II y III, unificado, la Comisión de Niñez y Adolescencia recibió importantes comparecencias de representantes institucionales y expertos en materia jurídica, social, médica y de derechos humanos.
Comparecieron ante la mesa legislativa Diego Ormaza, del Consejo de la Judicatura; Rodrigo Varela, de la Defensoría del Pueblo; Norma Medrano, jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. También intervinieron el médico Mauricio Anrango, experto en Planificación Estratégica en Salud; Alex Rosero, especialista en Gestión Pública por Resultados; la jurista Soledad Angus, experta en niñez y adolescencia; y Karla Carranza, madre afectada por violencia vicaria.
En su intervención, Diego Ormaza presentó antecedentes técnicos, jurídicos e institucionales de varias propuestas legislativas, orientadas a reformar el Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos normativos. Mientras que, Darío Albuja y Jonathan Muñoz detallaron el análisis de ocho iniciativas sobre temas como filiación por reproducción asistida, régimen penal adolescente, pensiones alimenticias, derechos parentales, nutrición infantil y procesos de adopción.
Norma Medrano destacó la necesidad de ampliar la protección de las madres más allá de la situación económica y propuso reformas que garanticen licencias de maternidad plenas, incluso en casos de fallecimiento del recién nacido, conforme a precedentes constitucionales, así como el derecho a un horario de lactancia elegido por la madre, para asegurar condiciones laborales más justas y humanas.
Rodrigo Varela remarcó la necesidad de priorizar el interés superior del niño, garantizar su derecho a ser escuchado y reforzar la protección a niños migrantes, con un enfoque de interculturalidad, género e inclusión. Propuso además una reestructuración del sistema descentralizado de protección y la adopción de un lenguaje inclusivo con enfoque de género.
En el ámbito de salud, Mauricio Anrango advirtió que la desnutrición crónica infantil sigue afectando al 24% de la población menor de cinco años en Ecuador. Identificó como principales causas la falta de articulación interinstitucional y la visión equivocada de tratar la desnutrición como un problema social, y no como una enfermedad.
Complementando esta visión, Alex Rosero enfatizó la urgencia de reconocer la desnutrición crónica infantil como una enfermedad que afecta gravemente el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños, especialmente en la primera infancia (0 a 5 años). Por lo que pidió que la reforma al Código reconozca la desnutrición crónica como una prioridad nacional, promoviendo una respuesta integral del Estado con enfoque preventivo, diagnóstico temprano y atención articulada.
Por su parte, Soledad Angus cuestionó propuestas que reducirían beneficios alimentarios, calificándolas de inconstitucionales. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de imponer la tenencia compartida por decisión judicial, al poder exponer a los menores a violencia vicaria y ubicarlos en el centro de conflictos entre sus progenitores.
Finalmente, Karla Carranza compartió su testimonio como madre de tres hijos, denunciando el uso del sistema judicial como herramienta de violencia psicológica y vicaria. “No he cometido ningún delito, solo he sido una madre presente, amorosa y constante. Hoy les pido que me ayuden a recuperar a mis hijos”, afirmó.
La presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, agradeció las valiosas intervenciones de los ponentes y legisladores, las cuales, dijo, serán insumos fundamentales para la elaboración del informe para primer debate.
MEV
