La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, en el marco del tratamiento del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recibió al delegado de esta institución, Xavier Urbina, quien presentó observaciones a las iniciativas presentadas por la exlegisladora Pierina Correa y el legislador Franklin Samaniego.
Xavier Urbina, coordinador técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, precisó que la reforma al artículo 55 del referido cuerpo legal contradice las normas vigentes, así como el pronunciamiento del Procurador General del Estado respecto a la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.
Indicó que existen dos mecanismos para la designación de autoridades: mediante ternas y a través de una Comisión Ciudadana de Selección.
Con relación a la conformación de las Comisiones Ciudadanas de Selección, informó que está vigente un plazo de 60 días, con una prórroga de 30 días. Mientras tanto, los concursos de méritos y oposición pueden realizarse en un plazo de 120 días, con una prórroga de 60 días, en consideración a la necesidad de cumplir con todas las fases del proceso.
Estos plazos pueden ser suspendidos por decisión del Pleno del CPCCS cuando se presenten acciones de protección.
Respecto de otro aspecto de la reforma en análisis, relacionado con la figura de destitución por incumplimiento de plazos, mencionó que el Pleno de la entidad no tiene la facultad de realizar una actuación intermedia, puesto que los concursos están a cargo de las Comisiones Ciudadanas de Selección.
Por su parte, David Egas, especialista superior y magíster en Derecho Constitucional, explicó la diferencia entre la regulación legal y la reglamentaria, esta última a cargo del CPCCS. Sostuvo que no se puede obligar a esta entidad, mediante ley, a contar con un único reglamento.
En referencia a la reforma legal que establece la destitución en caso de incumplimiento de plazos, señaló que la propuesta no contempla lasimpugnaciones a través de la justicia.
Finalmente, planteó la necesidad de realizar una reforma estructural y no limitarse únicamente a los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Tras las intervenciones, la presidenta de la mesa legislativa, Diana Jácome, resaltó los puntos de vista expuestos, los cuales constituyen insumos para que la comisión los analice y tome las decisiones correspondientes respecto de la reforma en trámite.
AM
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