“Es necesario elaborar una nueva ley y no seguir parchando la normativa vigente”, manifestó el coordinador nacional del Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública, Juan Francisco Díaz, en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Díaz, en la Comisión de Régimen Económico, sugirió analizar la formulación de una nueva ley de contratación pública, considerando que otros países también han actualizado sus normativas: Brasil en 2021; Costa Rica, El Salvador y Chile en 2023; Paraguay en 2022; y Perú en 2024. Mientras tanto, en Ecuador se han realizado reformas parciales, siendo la más reciente en junio de 2025, pero aún se mantienen 30 de los 43 procedimientos que existían hasta hace poco.
Según Díaz, los puntos neurálgicos de la contratación pública en el país son el exceso regulatorio, la multiplicidad de procedimientos, la débil institucionalidad del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y el temor frente a los órganos de control.
El compareciente también se refirió al enfoque europeo en materia de contratación pública, que implica no solo atender la compra de bienes y servicios, sino también cumplir con los objetivos de la administración pública.
Añadió que “los excesos de control paralizan la contratación pública” en el país. En este sentido, propuso reducir de siete a tres años el plazo con el que cuenta la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actuaciones de los servidores públicos, contado a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos investigados.
Entre las inquietudes planteadas por los legisladores destacaron aquellas relacionadas con la pertinencia del informe previo de la Contraloría General del Estado, así como la participación de las micro y pequeñas empresas y de los sectores de la economía popular y solidaria.
Código Tributario
En otro ámbito, la mesa legislativa conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) del 8 de julio de 2019, mediante la cual se calificó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Tributario, presentado ese año por el legislador Franco Romero.
AM
