La Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional aprobó una moción para iniciar un proceso de fiscalización a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura, debido a la falta de respuesta frente a miles de casos de violencia contra menores de edad que permanecen sin sentencia. La decisión fue impulsada por la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, quien advirtió que “las cifras no son solo números, detrás hay niños que esperan justicia”.
La moción, aprobada con seis votos a favor, dispone que se elabore un informe que será remitido al Pleno de la Asamblea y a las entidades competentes, con el objetivo de exigir respuestas concretas y acciones inmediatas del Estado frente a la impunidad en delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
La resolución se dio en el marco de la fiscalización al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por el funcionamiento de las Unidades de Acogimiento Institucional. Durante 2024, se reportaron casos de suicidio e indicios de abuso en el centro “Buen Vivir” de Macas.
Los informes de la comisión señalan falta de recursos, deficiencias en el seguimiento técnico y limitada presencia estatal. Hasta ahora se han aprobado tres informes de fiscalización y un cuarto está en elaboración, aunque algunas instituciones aún no han entregado la información solicitada.
En esta sesión, la mesa también abordó la violencia de género que afecta a niñas y adolescentes. Comparecieron Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, y Eulalia Franco, delegada de la Fundación Mega Mujeres, quienes alertaron sobre el alarmante incremento de la violencia sexual, la impunidad superior al 95 % y la necesidad de reformas estructurales urgentes.
Martínez calificó esta violencia como “una muerte anticipada” para las víctimas y denunció que ocho menores son abusados cada hora en el país. Rechazó propuestas como la castración química, y en su lugar propuso implementar una educación sexual integral con enfoque científico y preventivo, además de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar la pederastia como delito autónomo.
Franco, por su parte, denunció el uso indebido del principio del interés superior del niño por parte de agresores, quienes interponen denuncias infundadas ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Señaló además la falta de personal, débil articulación interinstitucional y revictimización de mujeres y menores, lo que —dijo— requiere una revisión urgente del funcionamiento de estas instancias.
La comisión reafirmó su compromiso con la protección integral de la niñez y adolescencia, y continuará con los procesos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
MEV
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