He iniciado el proceso de fiscalización solicitando a distintas autoridades del Ejecutivo información detallada sobre el proceso de liquidación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), una empresa pública que durante años fue fundamental para el sector agropecuario ecuatoriano.
La UNA EP nació con el propósito de garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer el almacenamiento, la comercialización y la distribución de productos agrícolas. Contaba con activos valorados en aproximadamente 126 millones de dólares, incluyendo 73 infraestructuras como silos y bodegas distribuidos en cantones como Daule, Babahoyo, Ventanas, Quevedo y Portoviejo.
Sin embargo, la decisión de liquidar esta empresa, tomada en mayo de 2020 a través del Decreto Ejecutivo No. 1062 y prolongada en el tiempo mediante otros decretos, ha dejado consecuencias preocupantes. Muchos agricultores han quedado en situación de vulnerabilidad, sin un organismo que respalde la gestión de sus productos ni les ofrezca seguridad para comercializar su producción. Además, persiste incertidumbre sobre el destino de los bienes de la empresa, sobre procesos legales pendientes y sobre las deudas que aún mantiene la UNA EP con productores agropecuarios.
El país necesita saber qué ha ocurrido realmente con la UNA EP y, sobre todo, cómo se están protegiendo los derechos e intereses de quienes confiaron su trabajo y su producción en esta empresa pública.
“No podemos permitir que se juegue con el esfuerzo de nuestros agricultores ni que desaparezcan bienes públicos sin rendición de cuentas. Exijo claridad, transparencia y responsabilidad en este proceso. Los ecuatorianos merecen saber la verdad.”
Los funcionarios a quienes he dirigido estos requerimientos tienen un plazo de diez días para responder, conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estoy comprometido a seguir esta investigación hasta sus últimas consecuencias, porque la defensa del interés público es irrenunciable.
Asambleísta por la provincia del Guayas
