La sujeción a la realidad actual, la inclusión de la “tutela judicial efectiva”, el enfoque de género, la modificación de su estructura, entre otros aspectos, fueron parte de las observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Víctimas, actualmente en debate en la Comisión de Garantías Constitucionales.
En forma previa, el legislador Blasco Luna, proponente del proyecto, precisó que el Estado ecuatoriano carece de una Ley Orgánica de Víctimas que establezca las categorías fundamentales para comprender y aplicar la doctrina de los derechos humanos, tipificar la violación de tales derechos y viabilizar los procesos de investigación.
En este contexto, Pilar Rassa, subdirectora nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), subrayó la importancia de contar con una normativa que garantice la reparación integral a las víctimas. No obstante, consideró que la propuesta debe ajustarse a la realidad, con énfasis en los derechos que les asisten.
La delegada del CJ añadió que se requiere una definición clara de reparación integral, conforme a lo establecido en la Constitución de la República, así como la inclusión de un acápite sobre la repetición.
Desde la misma entidad, Sebastián Benítez hizo énfasis en la necesidad de que la propuesta no solo contemple la figura de “tutela legal”, referida a la protección de los derechos, sino que también incorpore la “tutela judicial efectiva” y el principio de “debida diligencia”.
Por su parte, Karina Barros, jefa Departamental Nacional de Derechos Humanos, señaló que el proyecto carece de un enfoque de género, conforme a las convenciones internacionales, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. “Las violaciones a los derechos humanos no son neutras”, enfatizó, y destacó la necesidad de considerar el principio pro persona.
La Comisión de Garantías Constitucionales también conoció la posición de la Procuraduría General del Estado. Desde esta entidad, el director subrogante de Derechos Humanos, Alfonso Fonseca, manifestó que la institución está comprometida con la construcción colectiva de la normativa, precisando su enfoque. De su parte, el abogado Álvarez León planteó la necesidad de modificar la estructura del proyecto de ley, incorporando un acápite sobre la institucionalidad.
Esta iniciativa contempla tres títulos: disposiciones generales; derechos de las víctimas; y jurisdicción y competencia.
AM
Más fotografías:
