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El miércoles 25 de junio la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió en comparecencia al abogado Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien presentó un diagnóstico que refleja falta de jueces y fiscales, la infraestructura en estado crítico, la falta de tecnología y la carencia de insumos que han dejado a más del 50% de las unidades judiciales en estado “crítico” o “alerta”.
Entre las cifras más representativas citó las siguientes:
Déficit de 753 jueces en todas las materias e instancias y el impacto presupuestal anual corresponde a USD 50,4 millones.
De 437 judicaturas, 166 están en estado crítico. Esto quiere decir sin personal, con sobrecarga procesal y riesgos por crimen organizado.
Sobre la infraestructura judicial de 245 dependencias judiciales a escala nacional, el 50% están en estado crítico, con deficiencias estructurales y funcionales que comprometen la operatividad judicial.
Deficiencias en sistemas informáticos: 92% poseen versiones de programación descontinuadas, 11% con arquitecturas obsoletas, 97% no cuenta con doble autenticación (Inseguro).
Déficit presupuestario: USD 200 millones al 2025 que se requiere para adquisición y mantenimiento de infraestructura física y tecnológica, mobiliario, equipos y vehículos.
Destitución de 34 servidores judiciales que han sido separados de sus cargos por los casos Purga, Metástasis y Plaga. De ellos, 31 han sido sentenciados.
Respecto al control disciplinario, desde el 16 de julio del 2024 se ha destituido a más de 99 servidores judiciales a nivel nacional, de ellos 54 jueces y 11 fiscales. Además, se han realizado 757 expedientes disciplinarios sustanciados.
Existen limitaciones para un control disciplinario efectivo. Restricción clave: Aplicación solo con declaratoria jurisdiccional previa.
Desde 2011 no se evalúa a fiscales y desde 2017 no se evalúa a jueces
Por su parte, el asambleísta Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, solicitó realizar un trabajo coordinado para obtener una data acerca de la cantidad de detenidos, y también de los fiscales que no solicitaron prisión preventiva y en su lugar medidas alternativas para impedir la acción de los jueces, enfatizó: “me comprometo a presentar las denuncias que sean necesarias en contra los malos funcionarios”.
Además, solicitó información sobre el control estadístico de los jueces que se encuentren investigados o procesados por delitos de concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y las medidas preventivas que han tomado.
Al cierre el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy manifestó que recibió problemas heredados de anteriores administraciones, que existe corrupción sistémica y filtración de redes criminales al interior de la Judicatura, por lo que es indispensable la depuración de jueces, fiscales y servidores judiciales. En ese sentido, habló de los desafíos institucionales en donde consta el fortalecimiento del control disciplinario y propuestas de reforma al reglamento de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para ampliar atribuciones y otorgar nuevas facultades.
