Con siete votos a favor, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el que se recomienda su archivo al Pleno de la Asamblea Nacional.
El principal argumento para esta decisión es que la propuesta limita las atribuciones constitucionales del CPCCS en materia de designación de autoridades. Además, existe un pronunciamiento vinculante del Procurador General del Estado respecto a la designación de los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Previo a la aprobación de la moción presentada por el legislador Jorge Chamba, el asesor Pablo Rivera expuso los puntos relevantes del proyecto de ley unificado, elaborado sobre la base de las iniciativas presentadas por el asambleísta Franklin Samaniego y la exlegisladora Pierina Correa.
La propuesta abarca tres temas principales: la imposibilidad de continuar con los procesos de selección de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral; la destitución de los consejeros del CPCCS en caso de que no designen a las autoridades correspondientes; y la elaboración de un único reglamento que rija todos los procesos de selección.
Por tanto, se concluye que la normativa contradice los artículos 208, 209 y 220 de la Constitución, en lo relativo a los deberes y atribuciones del CPCCS, la organización de las comisiones ciudadanas y el período de funciones de los integrantes del TCE.
Sesión en territorio
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome, informó a los comisionados que este organismo legislativo sesionará en la provincia de Napo el 1 de agosto de 2025. La agenda se remitirá oportunamente.
AM
